Columnista:

Germán Ayala Osorio 

Le correspondió al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego (2022-2026), pedir perdón a los familiares de las víctimas de las masacres del Aro y La Granja, perpetradas casi al final de los años 90. La obligada ceremonia de reparación y construcción de memoria histórica se da en cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que encontró culpable al Estado colombiano por la comisión de las masacres.

Más allá de la aceptación de responsabilidades y de la consecuente petición de perdón, lo que llama la atención del discurso del mandatario Petro fue el reconocimiento del Estado colombiano como un «Estado asesino». Así se expresó el presidente de la República: «Como representante hoy del Estado colombiano debo pedirles perdón a todas las víctimas, familiares, víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado, un Estado asesino que no es el de la Constitución de 1991».

Apelo a los historiadores para que esculquen en el pasado para ver si encuentran un presidente de la República que haya hecho semejante mea culpa. Calificar como «asesino» al propio Estado que hoy orienta debería de concitar un debate público no alrededor de lo dicho, sino en torno al peso histórico, político y social que el señalamiento pone sobre todos los colombianos, en particular sobre las autoridades, la élite y, especialmente, sobre aquellos políticos comprometidos, como autores intelectuales, de las dos sangrientas masacres. Huelga recordar que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, es investigado por la Corte Suprema de Justicia por su posible responsabilidad política en la comisión de las masacres. En septiembre de 2020 el Alto Tribunal citó al expresidente antioqueño para hablar de esos dos asuntos.

Petro no exagera en calificar como asesino al Estado. Baste con revisar otras sentencias condenatorias de la misma CIDH para confirmar que, efectivamente, entre todos hemos construido un orden social, económico y político criminal. Por ejemplo, la condena al mismo Estado por la masacre de Trujillo (Valle del Cauca).

Insisto en que el calificativo con el que Petro confirma la responsabilidad política y moral del Estado debería de concitar al país entero a reflexionar sobre esta forma de dominación y estructura de poder que llamamos Estado, convertida en un victimario más y en cómplice no solo de los paramilitares que perpetraron las masacres, sino de las autoridades locales y regionales de Antioquia, que para la época, por decisión directa o por omisión, son corresponsables de lo ocurrido entre 1996 y 1997 en los corregimientos del Aro y La Granja, en jurisdicción del municipio de Ituango.

Periodísticamente, el titular en la prensa bogotana y antioqueña debió ser este: «Colombia es un Estado asesino»: Gustavo Petro. Un titular de cita que estremeciera los cimientos morales de una sociedad cómplice de estas masacres y de otros tantos crímenes en los que están comprometidos funcionarios estatales (civiles y militares).

Aunque hubo titulares que en algo recogieron el sentido de la frase del presidente Petro, están lejos la prensa, la academia y millones de connacionales no solo de hacer ese mismo mea culpa, sino de expresarlo pública y repetidamente para vergüenza del resto de los colombianos. La enseñabilidad de asignaturas como Constitución Política o, aquellas determinadas por la construcción de ciudadanía, debe partir de reconocer que efectivamente Colombia es un Estado asesino, criminal. Repetir esa frase varias veces quizás no sirva para modificar el espíritu criminal de los funcionarios estatales, pero es posible que al empezar a sentir vergüenza, aprendamos a elegir, pero sobre todo, a cuestionar a quienes han llegado al Estado para dar rienda suelta a sus mezquinos intereses y espíritus patibularios.