Columnista:

Alejandro Bonet González 

El paro nacional hizo visible la voz de quienes rechazan el Gobierno de turno, ya sea por el incumplimiento de deberes políticos, el cinismo que busca encubrir los defectos que atraviesa el país, y también las propuestas deficientes que supuestamente quieren ayudar a los ciudadanos, pero que en realidad solo favorecen a las grandes élites del poder público.

Asimismo, es importante recalcar que el cambio no solamente se debe exigir desde las protestas, sino que se debe garantizar con el uso racional del voto en las próximas elecciones que se avecinan. En otras palabras, ya estamos a menos de un año para que empiecen las elecciones legislativas en Colombia, las cuales se llevaran a cabo en el mes de marzo del 2022.

Durante ese mes, será una de las grandes oportunidades para empezar un nuevo camino de desarrollo, eligiendo a congresistas que trabajen en pro de su población, y no de sus intereses personales. Del mismo modo, las elecciones presidenciales en el mes de mayo serán un punto clave, ya que debemos elegir un futuro líder que sí pueda solucionar las demandas que necesita cumplir el país, y que no pase a ser otro mandatario del montón en más de 200 años de nuestra historia.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, las próximas elecciones no serán el único momento en el que los colombianos quieran demostrar que se necesita un cambio político y económico estructural. Es decir, las recientes manifestaciones pueden tomarse como una señal de advertencia, cuyo propósito es advertir sobre el giro que se buscará próximamente en las urnas. Por consiguiente, la coyuntura actual ejerce presión contra senadores, representantes a la Cámara, ministros, y demás personas del sector público que dependan de la democracia.

Hasta el momento, las protestas han logrado acabar con algunas propuestas de politiquería barata, cuyas bases terminaban poniendo en desventaja a los subalternos de nuestra sociedad. En primera instancia, la reforma tributaria cayó por la negación razonable del pueblo, ante la idea de tener que pagar más impuestos para solucionar el déficit fiscal del Estado. Es lo más coherente que podía pasar, porque para ajustar el problema de los ingresos del gobierno, hay alternativas más eficientes sin perjudicar a los colombianos.

Para ello, lo ideal es enfocarse a reducir el gasto público en cosas innecesarias, tales como cortar el gasto de representación y esquemas de seguridad en los congresistas. Del mismo modo, evitar aumentos salariales para estas personas, siendo algo incoherente porque el anterior ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, vivía quejándose de que al Gobierno se le estaban agotando los recursos para sostener sus programas intervencionistas.

Aun así, son tan descarados para demostrar que sí tienen plata para llenar más sus bolsillos, y además que llegamos a ser el segundo país de América Latina con la inversión más alta en armamento militar. Esto nos demuestra un fallo importante que se debe corregir de ahora en adelante, siendo exactamente la dificultad para establecer equitativamente los presupuestos de la nación.

Además, como ya se han mencionado en otras columnas de este medio de comunicación, también comparto la idea de que es necesario una reforma tributaria. Sin embargo, que sea una reforma bien hecha y pueda mejorar la economía del país, teniendo como pilares fomentar la inversión privada, aumentar la oferta y demanda agregada, abstenerse de hacer gastos improductivos y sobre todo, que no afecte negativamente a la población.

Por otra parte, el proyecto de ley que buscaba reformar la salud también fue archivado, teniendo en cuenta que por esto también se estaba protestando en el marco del paro nacional. El Comité Nacional del Paro y algunos gremios de la salud celebraron esta decisión, ya que se pretendía ampliar la privatización del sistema, generando conflictos a largo plazo en cuanto a recibir un buen servicio sanitario, pero con el miedo de los gastos personales que terminan presionando a nivel individual.

Desde mi punto de vista, la reforma contaba con algunos artículos muy polémicos y hasta inadmisibles, por lo que no es de sorprenderse de que se haya caído. Por mencionar dos ejemplos, en primer lugar, el artículo 12 que creaba comités de participación en las decisiones de salud, pero la mayoría de los participantes serían funcionarios del Gobierno. No hay mucho que decir sobre esto, más allá de poder habilitar casos sobre clientelismo político.

En segundo lugar, el artículo 30, en el cual le daba la posibilidad al Ministerio de Salud para definir la financiación en los servicios de la salud. En otras palabras, y como se dijo anteriormente, se despeja el camino para ampliar la privatización, por lo que los pacientes saldrán afectados no solamente en su salud, sino en sus billeteras.

En fin, a pesar de que el Comité Nacional del Paro y el Gobierno nacional están intentando llegar a un acuerdo, no podemos estar tan confiados en que simplemente se llegue a un pacto, especialmente si a futuro ocurren los mismos problemas de siempre. Esto sería caer en el mismo círculo vicioso con los políticos de turno, proponer una cosa y actuar de forma diferente.

De la misma manera, aún quedan cosas importantes por cumplir; entre ellas, evitar por completo la aspersión aérea con glifosato hacia los cultivos ilícitos, estimular el emprendimiento en las mipymes, generación de mayores oportunidades de empleo, que a su vez ayuda con la reducción de la informalidad, e impulsar una reforma policial para no lidiar con más casos de abuso de autoridad.

Seguramente, de aquí a las próximas elecciones no se cumplirán a cien por ciento estas propuestas, por lo que debemos estar atentos a los debates y a las propuestas que nos traen los futuros candidatos. Una renovación de la estructura política acaba con la invulnerabilidad del poder, dando paso a otros proyectos que sí demuestren enfocar un desarrollo para esta patria.