Columnista:

Armando López Upegui

En un texto que escribí hace muchos años hice la precisión de que el fascismo no solamente es una doctrina política de extrema derecha que hunde sus raíces en teorías reaccionarias, opuestas a la revolución francesa y, en general, a todas las revoluciones libertarias surgidas entre 1770 y 1850, sino que el fascismo es, ante todo, un método, un camino, para lograr la prevalencia en el poder de esas ideas políticas, y que se caracteriza por un total desprecio por la dignidad humana, un completo irrespeto por el Estado de Derecho y las normas jurídicas; el uso arbitrario y desmedido de la fuerza física que en la mayoría de las veces, se complementa con un desenfadado cinismo y una absoluta habilidad para inventar y difundir mentiras e informaciones falsas, capaces de mancillar la verdad más refulgente.

Pues bien, por estos días la prensa trae la información respecto de unos actos «pedagógicos» llevados a cabo en una sección de la Policía en el Valle del Cauca, en los cuales no se tuvo reato ni inconveniente alguno en rendir homenaje nada menos que a Adolf Hitler, a su partido (representado en los emblemas rojo y negro de la esvástica) y a sus fuerzas armadas, las tristemente célebres SS y la Wehrmacht (parece que faltó la alusión expresa, aunque no tácita, a la inefable GESTAPO). Y se intentó excusar o, por lo menos, aminorar el impacto del suceso aduciendo que se trataba de unos cuantos oficiales despistados, de pronto mal informados, un tanto inconscientes o, en el peor de los casos, las famosas manzanas podridas que no faltan en ningún canasto de los cuerpos armados en Colombia, pero que en ningún caso este hecho constituía apología del nazismo.

Sin embargo, y muy a pesar de las torpes explicaciones suministradas por todos los funcionarios civiles y policiales que han tratado de excusar los hechos, empezando por presidente Mario, la realidad es muy otra.

Que en Colombia ocurran cosas como estas,  no es ningún hecho aislado, ni es el resultado de la actividad propia de unas «manzanas podridas», como pretenden hacérnoslo creer. En realidad tales situaciones no son otra cosa que el reflejo de una mentalidad entronizada, persistente e imperante en Colombia dentro de las instituciones armadas desde antes, incluso, de la época de la Violencia y que no ha sido superada todavía: los cuerpos armados del Estado, Ejército, Policía, servicios de inteligencia, marina etcétera, están permeados por la mentalidad fascista desde hace muchos años. Tal vez desde el año 40 del siglo pasado.

Claras manifestaciones de estas tendencias fueron rastreadas por los investigadores Silvia Galvis y Alberto Donadío dentro de miembros de las fuerzas armadas de aquella década, de acuerdo con los archivos desclasificados de la inteligencia de los Estados Unidos y fueron dados a conocer en su libro Colombia Nazi (Editorial Planeta 1986), en el cual se enumera y clasifica por rangos a los oficiales colombianos que pertenecieron a formaciones nacionalsocialistas que operaban en Colombia.

Pero las más claras e inequívocas expresiones de esa tendencia nazifascista en el interior de las instituciones armadas colombianas —Ejército y Policía— son reveladas por su comportamiento frente a los civiles y, especialmente, ante los miembros de la oposición política.

Así, durante los años de la Violencia se convirtió en tenebroso, el nombre de una vereda del municipio de Boavita, en Boyacá, llamada Chulavita, porque de allí procedía una buena parte de los integrantes de la Policía que se distinguían por su crueldad, por su brutalidad y por intolerancia. Pero ellos no fueron más que un botón de la muestra, porque el desprecio por los derechos humanos, por la integridad física, por las libertades públicas, fueron la nota característica de todas las actuaciones de los llamados «pájaros» –bandas armadas irregulares— favorecidas en la mayoría de las veces por miembros de la Policía o de la fuerza pública.

Más tarde, concluido el período de la Violencia, en la década del sesenta la persecución política contra los miembros de organizaciones políticas opositoras, de izquierda, comunistas o no, se expresó en las capturas arbitrarias, las torturas y los asesinatos.

Las fuerzas militares en América Latina fueron entrenadas exhaustivamente por unidades militares del Comando Sur de los Estados Unidos, siguiendo los preceptos de la doctrina de la Seguridad Nacional. Y así como en Chile, los nazis tuvieron su «Colonia Dignidad», que en asocio con el Ejército chileno desplegaron toda clase de vejaciones a los derechos humanos, nuestras fuerzas armadas, nuestro ejército, nuestra policía, practicaron desde los años sesentas las mismas técnicas de interrogatorio bajo tortura, la picana eléctrica, las amenazas de fusilamiento, los intentos de ahogamiento y las desapariciones en contra de los opositores cautivos.

Francisco Garnica Narváez era un muchacho miembro de la Juventud Comunista en calidad de secretario político regional del Valle del Cauca. En 1965, cuando se produjo la escisión del socialismo internacional y se creó el Partido Comunista —Marxista Leninista— (PC-ML), Garnica Narváez fue elegido miembro del Comité Central de esta última organización. El Ejército lo detuvo el 14 de diciembre de 1965, junto con Carlos Alberto Morales y Ricardo Torres. Los tres fueron recluidos en la III Brigada en Cali donde se les sometió a crueles torturas que concluyeron con su ejecución al día siguiente, el 15 de diciembre. Nunca nadie en los cuerpos armados respondió por tales hechos.

El delito de desaparición forzada no estaba tipificado en el Código Penal de 1936 vigente hasta 1981; no existía jurídicamente. Y mientras no apareciera el cuerpo, no era posible predicar la existencia de un hecho punible. De modo que cuando a Omaira Montoya Henao, bacterióloga de la Universidad de Antioquia y militante del ELN se la hizo desaparecer, no existía un instrumento jurídico para sancionar la execrable conducta.  

Ella fue detenida en un operativo conjunto realizado por miembros del Servicio de Inteligencia (SIPEC), más conocido como F2, de la Policía del Atlántico, y la Segunda Brigada del Ejército Nacional, junto con su compañero Mauricio Trujillo Uribe en Barranquilla. Ambos fueron torturados a la manera brutal acostumbrada por esas instituciones, pero, mientras el varón fue puesto más tarde a disposición de las autoridades de la justicia militar (eran tiempos del Estado de sitio) de la joven de 30 años no se volvió a tener ninguna noticia pues se la hizo desaparecer y en esa condición permanece desde el 9 de septiembre de 1977. Sin que, desde aquella época alguien en el Estado haya respondido.

Después de la firma del acuerdo de cese al fuego entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, el 27 de mayo de 1984, y que originó el partido político Unión Patriótica, las llamadas fuerzas oscuras (que no son otra cosa que el conglomerado nazifascista de industriales, comerciantes, banqueros y miembros de congregaciones político religiosas de extrema derecha que operan en la penumbra y el silencio) se idearon un acuerdo con unidades del paramilitarismo del Magdalena Medio y de Urabá, del cual surgió el macabro programa llamado «Operación Baile Rojo» que se tradujo en la casi total extinción física, por homicidio agravado selectivo, del naciente partido político que vio caer a dos de sus candidatos presidenciales.

Por eso no resultó extraño que durante los días 6 y 7 de noviembre 1985, en el operativo conjunto de la Policía y el Ejército, desarrollado para la retoma del Palacio de Justicia, brutalmente asaltado por el M-19, las acciones de fuerza desmedida del Estado terminaran con la desaparición forzada, entre muchos otros, la de Irma Franco, David Suspes Celis, Gloria Stella Lizarazo, Carlos Augusto Rodríguez y Norma Constanza Esguerra y de varios empleados de la cafetería.

Y más recientemente, durante el nefasto gobierno de la mal llamada Seguridad Democrática, los cuerpos armados del Estado ejecutaron procedimientos semejantes a las de los nazis tanto dentro de Alemania, como en los territorios ocupados. Un ejemplo fue la «Operación Orión» de octubre 16 y 17 de 2002, en desarrollo de la cual hubo 17 homicidios reconocidos por la fuerza pública, 71 personas asesinadas por grupos paramilitares quienes, de alguna manera contaron con la ayuda o, por lo menos, la connivencia de las autoridades; 80 civiles heridos, 12 personas torturadas, 370 detenciones arbitrarias y más 92 desapariciones forzadas, según la Corporación Jurídica Libertad, en un informe publicado en octubre de 2018.

Y eso para no hablar de las llamadas eufemísticamente «ejecuciones extrajudiciales» o falsos positivos, en desarrollo de los cuales las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentaron como «bajas en combate», según informó la Justicia Especial para la Paz, en febrero de 2021.

Finalmente, en épocas recientes la Policía protagonizó hechos tanto vergonzosos como dolorosos pero, a todas luces, atentatorios contra los derechos fundamentales de la población civil: así en desarrollo de la represión del paro del 21 de noviembre de 2019, como en el castigo del estallido social iniciado en abril 21 de 2021, menudearon los homicidios, las torturas, las violencias sexuales, las mutilaciones corporales y faciales, a un grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que formular serios llamados de atención y una serie de recomendaciones –que el presidente Mario no piensa atender– enderezadas a reformar la fuerza pública en términos de dotarla de una sólida formación en el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Es cierto que en todo régimen se comete excesos. En todas partes es proverbial la brutalidad policiaca, pero en Colombia, como se ha visto, no se trata de simples excesos, de hechos brutales pasajeros, sino de una actitud y de unas prácticas sistemáticas, inveteradas, contrarias a la democracia, contrarias al derecho que no pueden tener denominación distinta de nazifascismo.

Por eso no resulta extraño que los policías del Valle del Cauca hayan revivido la imagen misma de Adolf Hitler, así como los símbolos, los emblemas, los uniformes y las actitudes de las SS y del Ejército nazi. Ellos solo revelan un estado del alma de nuestras instituciones armadas, tanto policiales como castrenses.

Claro que esto no se resuelve echando unos cuantos oficiales, sino cambiando de manera radical la formación profesional en que los cuerpos armados y la manera en que ellos se relacionan con la ciudadanía. Pero para eso hay que cambiar primero de gobernantes.