Columnista:

Germán Ayala Osorio

Después del saldo trágico que dejan los enfrentamientos entre manifestantes y policiales del ESMAD, Iván Duque, en una lacónica alocución, informó al país del retiro de la reforma tributaria que hacía ya trámite en el Congreso de la República.

Obligado por la fortaleza, resistencia, unidad y la creciente legitimidad del movimiento social que llamó al Paro Nacional desde el 28 de abril, Duque echó para atrás la regresiva reforma fiscal, a pesar de la firmeza aparente con la que insistió, hasta último momento, que no la retiraría, aunque ya había ordenado el retiro parcial de una parte importante del articulado.

Al darse cuenta de la fortaleza y consistencia de los sectores sociales que están detrás del Paro Nacional, y de ver que las fallidas y criminales intervenciones de la Policía y del ESMAD y de los anuncios de militarizar las ciudades radicalizaban aún más a los manifestantes, Duque asumió su derrota y por esa vía, debió tragarse su soberbia y su falta de empatía con las causas populares. Al final, la decisión presidencial termina por deslegitimar aún más al régimen uribista del que hace parte. Y dejó entrever que al interior del Régimen hay fracturas por el erróneo manejo que dio a la crisis y por la nefasta injerencia de Uribe en la conducción y orientación de las fuerzas armadas, a las que aupó para que atacaran con fiereza a los manifestantes, con el saldo trágico de por lo menos 10 manifestantes asesinados en Cali y mujeres violadas por miembros del ESMAD.

La indolencia y arrogancia de Duque, la actitud sumisa del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, el carácter incendiario del ministro de la Defensa, Diego Molano y el comportamiento siempre oscuro y criminal de los miembros del ESMAD, son en gran medida los factores responsables de lo sucedido en la capital del Valle del Cauca, convertida en el epicentro y en referente para manifestantes en otras ciudades que vieron en los caleños un ejemplo a seguir, por la contundencia de las manifestaciones pacíficas que en forma constante se dieron desde el 28 de abril. Los hechos vandálicos, siempre despreciables, no alcanzan a deslegitimar las causas de las movilizaciones. Habrá que revisar hasta dónde agentes del Estado infiltraron las marchas y aportaron a la generación de caos en la ciudad de Cali y en otras capitales de departamento.

Después del retiro de la regresiva y ofensiva reforma tributaria, Duque está obligado, junto con los partidos políticos, a llamar a los sectores que apoyaron el Paro Nacional, para instalar, de cara al país y sin engaños, una mesa de concertación para redactar una nueva reforma tributaria que toque, por fin, a los grandes ricos del país (empresas y corporaciones), para que paguen los impuestos que deben pagar y compitan, de acuerdo con las condiciones propias que impone el capitalismo, sin que medien exenciones y subsidios que en nada han aportado a la generación de empleo. No se trata de gravarlos para que lo pagado sea descontado de las declaraciones de renta, como se proponía en la caída reforma tributaria. No.

Así las cosas, es urgente que a esa mesa de diálogo lleguen académicos, pero no aquellos que usan el conocimiento y la información técnica para insistir en gravar a la clase media, repitiendo como loros que la reforma es necesaria para mantener programas sociales que además de asistencialistas, devienen miserables a juzgar por los mínimos recursos económicos entregados, según el gobierno, a cerca de 3 millones de pobres. Harto se insistió en que el Gobierno de Duque entregara una renta básica de por lo menos 950 mil pesos, para mitigar los impactos negativos arrojados por la pandemia y por el desastroso manejo social y económico que viene dando dado a esta coyuntura  el inexperto, soberbio, godo e insustancial, Iván Duque Márquez.

Los efectos políticos y electorales que ya se advierten de esta crisis de legitimidad que afronta la administración de Duque-Uribe, deberán sentirse en las elecciones de 2022. Ojalá que quienes se movilizaron en casi todo Colombia, en contra de la  reforma fiscal, entiendan de una vez por todas que lo que debemos hacer como colombianos es unir esfuerzos para sacar del Estado a quienes hacen parte de lo que se conoce como el uribismo. Recuperar el Estado, para todos los colombianos, debe ser la consigna de progresistas y de todos aquellos sectores sociales, económicos y políticos que se hartaron del Todo Vale y del ethos mafioso que de tiempo atrás guía el comportamiento de agentes de la sociedad civil y de la sociedad en general, que respaldan aún a Uribe Vélez, a pesar de la creciente imagen desfavorable y del proceso penal que se lleva en su contra por manipulación de testigos y fraude procesal. Resulta inaceptable que un ciudadano sub judice como Álvaro Uribe, sea el que dé órdenes a policías y militares de atentar contra la integridad y la vida de los manifestantes que de forma legítima reclaman mejores condiciones de vida.

Adenda: el proyecto de reforma a la salud (encuentre aquí de qué se trata), también debe ser discutido en esa mesa de diálogo, porque según trascendió, lo que se propone es pauperizar aún más las condiciones laborales del personal de la salud y por supuesto, afectar a los millones de usuarios que soportan la irresponsabilidad de las EPS y el mal servicio.