Columnista:

César Augusto Guapacha Ospina

Irene Vélez, ese es el nombre de la funcionaria de alto rango nacional alrededor de las polémicas más fuertes del Gobierno Petro en sus escasos 6 meses de recorrido. La ministra de Minas y Energía, una mujer inteligente y preparada, ha sido blanco de críticas fundamentadas y no fundamentadas, por parte de la «oposición inteligente», grandes gremios con intereses sustanciales en el sector de hidrocarburos y otros tantos más que hacen oposición por hacerla.

De entrada, hay que tener en cuenta varias salvedades: el hecho de que Vélez sea una mujer preparada, no significa necesariamente que está ocupando un cargo adecuado para sus competencias.

Las críticas fundamentadas han sido completamente válidas, debido a la gravedad de sus pronunciamientos en una cartera donde cada palabra tiene un peso superlativo en el mercado. El manejo de una cartera ministerial demanda un acople lingüístico para comunicar las ideas y pretensiones en la conducción del mismo; cosas que la ministra no ha tenido.

Su última declaración objeto de controversias fue la realizada en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial, en la cual la ministra aseguró: «Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, eso ha sido por supuesto muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático porque sabemos que esta decisión, que es planetaria, es absolutamente urgente».

Estas declaraciones, a todas luces disparatadas, tuvieron un eco mayor porque el contexto donde las emitió fue de orden internacional, además, la ministra ha venido cambiando la postura en torno a la concesión de contratos para exploración y explotación de hidrocarburos desde que asumió la cartera. En este punto es importante preguntarse: ¿Es posible detener completamente la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia para realizar la transición energética? Es posible sobre el papel, pero esta decisión tendría más efectos negativos que positivos en el corto, mediano e, incluso, largo plazo.

Infortunadamente, décadas de gobiernos descuidados convirtieron a Colombia en una economía fósil aun cuando las aptitudes del país son evidentemente otras. La nación tiene una clara aptitud agroforestal dadas sus condiciones geográficas, ambientales, territoriales y espaciales, no de hidrocarburos. No obstante, es más fácil sacar del subsuelo una gota de petróleo que sacar adelante una reforma agraria que garantice la soberanía alimentaria, por ejemplo. Esa inmediatez económica del país, también venía acompañada de un marco internacional que sabía que el peak oil ya había pasado y que, por lo tanto, entrado el siglo XXI, era necesario pensar en otras alternativas de matriz energética mundial.

Sin embargo, la fosilización de la economía fue tan extrema durante este siglo, que en pocos años se convirtió en la principal fuente de ingresos nacionales corrientes, inversión extranjera directa, su peso creció en el PIB y su participación en la toma de decisiones del alto Gobierno.

Esa condena a la economía fósil es el primer lastre a las declaraciones de la ministra Vélez; dada la dependencia económica nacional del sector de hidrocarburos, Colombia no puede parar ipso facto la exploración y explotación del sector minero energético, toda vez que el impacto en la economía sería fulminante con un agravante: la recesión económica mundial que se avecina.

Para bien o para mal, necesitamos todavía del sector hidrocarburos en una buena proporción para garantizar la estabilidad fiscal del país mientras se materializa la transición energética. De igual forma, se entienden las intenciones por las cuales la ministra hace estas declaraciones, dada la profundización de la crisis climática, con una ventana de oportunidad de una década y el punto de no retorno cada vez más cerca con encuentros ambientales mundiales anuales que terminan en nada.

Ese anhelo de transición debe estar regido por principios claros en tiempos establecidos y con recursos garantizados; detener la exploración y explotación sin gestión del plan de transición solo le provocará caos e inestabilidad al país en múltiples dimensiones. Paralelo a la transición energética, se necesita avanzar en una transición socioambiental para garantizar la sostenibilidad de este proceso a largo plazo, dado que la ingeniera y las soluciones tecnológicas no son la respuesta total a la crisis climática.

Asimismo, para realizar esa transición se necesita bien sea gas natural o gas licuado, dado que su impacto en la cadena de uso en términos de GEI es sustancialmente menor que otras energías fósiles, aun cuando el metano es el GEI más contaminante. Sin gas no hay transición energética y, el interés de acabar con los contratos, solo trasladaría las externalidades negativas que Colombia dejaría de tener a otros países que produzcan refinados de hidrocarburos porque la transición tomará décadas, eso sin contar que la soberanía energética se vería comprometida al comprar en un futuro lo que acá se pudiera producir en materia minero energética.

Como profesional en ciencias ambientales, comparto a cabalidad las preocupaciones de la ministra Vélez, no obstante, el éxito en política ambiental del Gobierno dependerá de priorizar las intervenciones coyunturales y gestionar las intervenciones estructurales, como la transición energética, de manera que se trabajen sobre procesos, no sobre documentos. Ah, y cuidar las comunicaciones.