Columnista:

Jesús Antonio Córdoba

Es claro que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe la cadena perpetua, la Constitución del 91 así lo establece y, de igual forma, el derecho internacional. Partiendo de esta premisa debe entenderse que todos los esfuerzos que se hagan, para contradecirla, terminarán constituyéndose como inconstitucionales ante la institución que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, la Corte Constitucional. No importa las motivaciones y excusas que arguyan aquellos politiqueros que promuevan la instauración de la cadena perpetua, ese será el resultado final; podrán argumentar lastimeramente que todo tiene un fin y es la protección de la vida e integridad de los menores de edad o que la medida, mágicamente, hará que no volvamos a presenciar dichas actitudes reprochables, lo cierto es que, tanto en sus posturas de base como en el carácter teleológico de la iniciativa, se encuentran totalmente equivocados.

El derecho penal actúa una vez se ha consumado la conducta delictiva, se ha puesto en conocimiento de la autoridad competente el hecho y se pone en marcha todo el aparato judicial para encontrar la verdad procesal sobre la base del respectivo acervo probatorio, lo que deja sin un piso real el argumento de la protección del menor, el derecho penal está es para imponer la respectiva sanción y que durante el confinamiento en un centro penitenciario el condenado pueda encontrar un proceso de resocialización (cosa que tampoco ocurre, pero para eso debe estar el derecho). 

Si queremos proteger a los menores tenemos que ir a las causas estructurales de ese tipo de conductas, y de muchas otras a las que también han pensado aplicarle la cadena perpetua; ni las penas más altas ni la permanencia indefinida en un centro carcelario tendrán como efecto que las personas, por las distintas circunstancias que uno se pueda imaginar, dejen de cometer actos ilícitos. La gente no anda con el código penal debajo del brazo, mirando si este o aquel tipo penal tiene o no penas altas para ver si viola el código; actúa por muchas variables, amparada en el desconcertante nivel de impunidad que presenta el sistema judicial, por lo que el efecto inmediato sería sumarle más casos a esa vergonzosa ausencia de sanción, con lo que se cae el segundo argumento sobre el no volver a presenciar más actos de violación.

Sáquense de la cabeza que el derecho es la solución a todos los problemas, porque lejos está de serlo, es ese imaginario colectivo otra de las grandes dificultades de Colombia, tenemos un serio problema con el fetichismo legal. Cuestión que también está ligada al deseo de los politiqueros de poder aumentar considerablemente su popularidad, lo que incrementaría en un corto plazo sus posibilidades de obtener la votación suficiente para acceder a cargos de elección popular o de reelegirse en los mismos.

En esta promoción de la cadena perpetua han caído muchas personas de la vida pública, entre ellas la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López. No es una novedad, pero es necesario que ya paren estas iniciativas sin sentido y que los políticos se den a la tarea de poner en el debate público cuestiones con una mayor relevancia para el tópico de la justicia, como por ejemplo, el aumento del presupuesto en investigación para la Fiscalía; la imperiosa necesidad de reformar la facultad del presidente para mandar la terna de fiscal general de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia; incluir que además el fiscal deba ser un penalista, un abogado que realmente sepa de la materia a la que se va a enfrentar; inicien el debate sobre las consecuencias que nos ha traído el estar regidos por el presidencialismo en Colombia. Con esas opciones no nos hubiese tocado padecer los nombramientos de Néstor Humberto Martínez, tal vez el abogado más poderoso de este país, o del impresentable Francisco Barbosa que está para hacerle todos los favores posibles, desde el ente investigador, al Gobierno de Iván Duque. Eso sería un gran avance.

Como ciudadanía debemos tener muy presente los nombres de aquellos políticos que se prestan para este engaño de la cadena perpetua y, aún más, si son de los que se autoproclaman como alternativos, a esos hay que exigirles mucho más en estas circunstancias porque precisamente están ahí para no repetir los errores de la política tradicional. Con estas propuestas demagógicas están alimentando esa falsa creencia de que la política per se tiene una connotación negativa y eso hay que acabarlo ya.