Columnista:

       María José Ordónez  Iglesias 

La historia del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango —vista como una de las obras más importantes a nivel nacional y regional, encargada de impartir una función de «fuente» propiciadora de energía para el beneficio del 17 % de la población del país— data desde el año 1969. Fue construida sobre el río Cauca —el segundo más largo del país— más específicamente en el llamado «Cañón del Cauca», y ha tenido que enfrentar una serie de advenimientos que, ciertamente, han complejizado su implementación de funcionamiento en un 100 %. De hecho, la megaobra estuvo casi a punto de perderse, pero gracias a los esfuerzos que expresamente profesaron y materializaron un conglomerado comprendido por la Administración Distrital, Empresas Públicas de Medellín (EPM), y cientos de trabajadores a nivel local, nacional e internacional, se pudo sacar adelante, con lo que fue posible que sus fuentes esperanzadoras, a nivel de prueba, ya generaran energía, a pesar de los múltiples impedimentos que en su ejecución se han presentado.

En la década de los 90 se actualizaron los estudios y en 2006 se culminaron los diseños definitivos, en donde se tuvieron en cuenta diferentes factores como la geología, la hidrología, los aspectos constructivos, las vías de acceso, la problemática social de la zona y el entorno ambiental, entre otros.

Ya en el 2010 empezó la construcción del proyecto y se esperaba, en ese sentido, que estaría listo para el inicio de operaciones a finales del año 2018. Sin embargo, desde abril de ese mismo año, en los túneles de desviación del río Cauca se presentaron unas obstrucciones generalizadas debido a fallas geológicas suscitadas por las fuertes lluvias y la inestabilidad del terreno y a evidentes errores de diseño y construcción de las estructuras de la megaobra, razón por la cual se registró un llenado no programado e incontrolado del embalse, obstruyendo completamente la vía de comunicación al municipio de Ituango y causando el hundimiento parcial anticipado de los corregimientos de Orobajo (Sabanalarga) y Barbacoas en Peque, lo cual exigió el desplazamiento de la población que aún permanecía en ese territorio.

La situación, tal como se esperaba, se agravó días después y, por ese motivo, se tomó la decisión de inundar la casa de máquinas —que se encontraba en construcción— con el fin de hacer que el río volviera a su cauce natural y así evitar una tragedia. Esta no pudo con el peso ni con la fuerza de las aguas del río Cauca, lo cual terminó destruyendo el túnel y la caverna donde se alojaban los equipos, y generó la orden de evacuación preventiva de 4 departamentos, dentro de 12 municipios, incluidos 25 núcleos urbanos —entre los que se encuentran Caucasia y Tarazá— además de todas las veredas y comunidades rurales adyacentes al río Cauca aguas abajo del proyecto.

El suceso, a la final, dejó centenares de damnificados y pérdidas materiales billonarias, entre ellas, la destrucción del puente sobre el río Cauca, además del abandono obligado de cientos de animales de compañía como perros y gatos; sumados a especies de uso productivo como aviares, bovinos, entre otros, ya que los albergues de emergencia habilitados para la población no permitían el ingreso de estos por cuestiones de salubridad.

De ahí en adelante se presentaron sucesos como la decisión de la Contraloría de investigar 34 personas y contratistas —entre ellas exalcaldes, exgerentes de EPM y otros líderes— por fallas en la planeación y ejecución de la hidroeléctrica, la renuncia de 8 de los 9 miembros de la Junta Directiva de EPM, la reestructuración de una nueva junta organizacional, las disputas por el dinero perdido, el no funcionamiento de la megaobra, la no respuesta de la aseguradora, etc.

No obstante, y a pesar de todo, la futura central de generación ha sabido mantenerse, gracias al compromiso de la Alcaldía de Medellín y sus Empresas Públicas, tal y como se mencionó anteriormente. En los más de 12 años transcurridos, el proyecto brindó servicios públicos de gas domiciliario a 5489 familias, hizo optimización de sistemas de acueducto en 12 municipios de influencia del proyecto, más de 6 mil familias de 377 veredas se beneficiaron de proyectos productivos, se construyeron 12 canchas sintéticas de fútbol con las medidas reglamentarias y se dio una generación de empleo de unas 8000 personas que trabajan hoy en los diferentes frentes de obra, de las cuales, el 25 % son habitantes de los municipios del área de influencia.

También ha hecho inversiones en su gestión social y ambiental por 2.5 billones de pesos, entre las que se destacan programas y acciones de conectividad, salud, educación, vivienda, servicios públicos, biodiversidad, infraestructura comunitaria, proyectos productivos y fortalecimiento de la institucionalidad.

En conectividad se tienen 1500 kilómetros de vías, caminos nuevos y mejorados; en educación se hicieron obras en 101 instituciones educativas, entre nuevas y mejoradas; adicionalmente, 739 familias quedan con su vivienda nueva o mejorada y 800 nuevas viviendas de madera del programa ALDEAS, entre otros datos.

El proyecto hidroeléctrico también hizo un plan de inversión del 1 %, dineros que se destinarán a la protección del recurso hídrico, a la formación y ejecución de proyectos de saneamiento y se monitorea permanentemente la calidad del agua del río Cauca.

En relación con impuestos del orden regional y, por otras contribuciones a otras entidades, se entregarán recursos por aproximadamente $10 000 millones al año. El proyecto Hidroituango pagará impuestos de renta a la nación por unos $240 000 millones anuales, lo que durante su operación corresponde a cerca de 18 billones de pesos, en recursos para el país.

Sus primeras turbinas ya empezaron a operar y, las restantes, están programadas para iniciar trabajos en el 2023, llevando energía y bienestar a la población del país. Con esto se infiere, genéricamente, que Medellín y EPM le cumplieron a Antioquia y a Colombia.