Columnista:

Germán Ayala Osorio

Como estaba previsto, no prosperó la moción de censura contra la ministra Karen Abudinen en la Cámara de Representantes, por la irregular entrega de 70 mil millones de pesos, en un leonino contrato con la UT Centros Poblados, para llevar la red de Internet a zonas periféricas del país.

Con las intervenciones de los citantes quedó claro que la señora ministra fue negligente en este caso, lo que facilitó que la millonaria suma fuera entregada a pesar de las notables irregularidades advertidas por la periodista Paola Herrera y posteriormente, por la propia Contraloría General de la República.

No dedicaré esta columna a insistir en el caso, sino en un asunto que está en el fondo: la responsabilidad política, la misma que Abudinen no asumió, al igual que los anteriores funcionarios del Gobierno de Duque que fueron citados en el pasado al Congreso, para que respondieran por sus actos.

La responsabilidad política está inexorablemente atada a la ética y cuando la primera es nula o no se asume, la segunda muere porque no hay principios con qué alimentarla. Así las cosas, la ética de la ministra Abudinen se refunde en lo más profundo de la burocracia oficial, circunstancia que poco o nada interesa a la funcionaria, pues contó con el apoyo del Gobierno de Duque y de las bancadas oficialistas que terminaron por validar la negligencia y de contera, la pérdida de los 70 mil millones de pesos. Finalmente, el haber capturado el Estado, los hace proclives a hacer lo que les venga en gana con el erario, durante cuatro años.

Los funcionarios públicos de alto nivel suelen no asumir responsabilidades políticas por cuanto lo que los guía y los ata a la función pública no es ser exponentes de férreos principios éticos y de una aplaudida moral colectiva, sino y, por el contrario, ser estandartes de lealtades muy propias de cofradías mafiosas como las que el país conoció al interior de los carteles de la droga.

Por ese camino, quienes llegan a cargos públicos en Colombia saben de antemano que no deberán de preocuparse por asumir, cuando así lo requieran la opinión pública, los entes de control y un sector del Congreso, algún nivel de responsabilidad política por cuanto esta queda proscrita desde el mismo momento en el que son elegidos, siempre y cuando se mantengan leales a sus jefes políticos, en una relación parecida a la que en su momento se estableció entre «lavaperros» y los jefes de los carteles de la droga de Cali y Medellín. Además, saben que la misma sociedad deviene confundida moralmente, lo que supone que sus actuaciones prevaricadoras, por omisión o acción (dolosas), van a ser entendidas de disímiles maneras. Al final, las tesis que vienen triunfando en este platanal con bandera es que el gobierno «fue engañado» y que «hay compradores de buena fe». Estas dos célebres frases sirven de tumba a la ética pública, al tiempo que iluminan el ethos mafioso que desde hace 211 años los colombianos naturalizamos.

Karen Abudinen es apenas una más de los funcionarios de este Gobierno que pasan de agache ante una actitud política que aprendieron a desconocer, en virtud del ethos mafioso que se entronizó en la política colombiana, en particular entre 2002 y 2010.

A la probada negligencia de Abudinen, se suma su ignorancia de la Constitución Política con el anuncio de demandar penalmente a los congresistas que la citaron al debate. Baste con que se lea el artículo 185 de la Carta Magna, para comprender que todo lo que le dijeron y los señalamientos de los que se siente víctima, goza de protección. Dice el señalado artículo: «los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio de su cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo».

Si bien hubo fuertes y vehementes señalamientos en contra de la ministra, estos estuvieron ceñidos al reglamento. Con el anuncio de las acciones judiciales; no se sabe si realmente se sintió agredida o simplemente sigue al pie de la letra el guion del cinismo que le entregaron al momento de asumir el cargo.