Columnista:

Emilio Lagos Cortés

El más reciente escándalo de corrupción que sacude a Colombia, la pérdida, de 70 000 millones de pesos de un contrato del Ministerio de las TIC que por más de dos billones debería llevar conexión a Internet a los estudiantes de las zonas rurales del país, puso de moda en las redes sociales el término «abudinear», al punto de que la Real Academia Española en sus redes refiere que «Documentamos las formas "abudinar" y "abudinear" en textos de redes sociales como verbos de reciente creación, usados en el habla popular de Colombia con el sentido de 'robar, estafar'». Es decir, en Colombia se dice «abudinear» como sinónimo de robar.

Con ese nuevo verbo «abudinear», opera una vez más un mecanismo idiomático que crea nuevas palabras, sean verbos o sustantivos, para definir mejor una situación que no encaja «totalmente» en el léxico existente. Resulta claro que lo ocurrido con los 70 000 millones de pesos no coincide exactamente con «robar y estafar», como señala la RAE. Entonces, ¿qué definen esos nuevos verbos «abudinar» o «abudinear»? ¿También podría decirse «abudinizar»?

Los hechos son conocidos. La exministra Karen Abudinen dirigió un proceso de contratación para asignar la prestación del Internet a las escuelas rurales del país; la licitación fue repartida entre dos contratistas, Comcel (Claro) y Centros Poblados. Centros Poblados participó con documentación falsa, incluyendo las garantías bancarias, en el Ministerio no revisaron las garantías, aunque le pagaron a alguien por hacerlo; la prensa advirtió de forma constante a la exministra de las irregularidades que se estaban presentando; la exministra gritó que todo estaba bien, que si algo salía mal, se iba para el cementerio, que la trasparencia en la licitación era similar a la suya, etc. Al final los corruptos terminaron con 70 000 millones de los colombianos en sus bolsillos, dinero que la exministra, con su contratación, prácticamente les echó en sus bolsas.

Adicionalmente, Centros Poblados cuenta entre sus socios, gestores y tramitadores a personas notorias por su participación en pasados escándalos de corrupción, con condenas penales, y a contratistas vinculados estrechamente con el clan político Char de Barranquilla, al que pertenece la exministra misma.

Al final se descubrieron las falsedades, se esfumaron 70 000 millones. Entonces la exministra salió a gritar que ella había descubierto la corrupción, que por qué no le avisaron antes, que los corruptos tiemblan ante ella y que no iba a renunciar. Y que en Colombia no hay nada más decente y trabajador que el clan Char de Barranquilla, sus patrones.

En otros países existe eso de la responsabilidad política. En Corea del Sur un ministro de obras públicas renunció cuando se cayó un puente; en Francia renuncia al que descubren contratando a sus amigos sin méritos, en Israel se cae el ministro que usa dinero público para pagar a su jardinero; en Estados Unidos renuncia el gobernador al que acusan de acoso sexual.

Pero en Colombia la Policía masacra a quien sale a marchar, el Ejército asesina a 6402 jóvenes (falsos positivos), se arruina un proyecto hidroeléctrico dejando billones de pesos en pérdidas, un alcalde sepulta un metro porque lo proyectó su opositor político y una exministra le entrega 70 000 millones de pesos a los corruptos. Pero, no pasa nada. Los funcionarios responsables de esas acciones reclaman trato de próceres, amenazan con denunciar penalmente a quienes les reprochan sus acciones. Se ha llegado al máximo nivel de cinismo por parte del funcionario, en eso radica «abudinear».

De manera que «abudinear» consiste en la negación absoluta de la idea de la responsabilidad política de los funcionarios estatales colombianos cuando en las entidades bajo su dirección se saquea el dinero público y se lo traslada al exterior, sea para financiar campañas políticas, clanes politiqueros o a fin de engrosar fortunas personales representadas en centros comerciales o zonas francas. Esa negación de la responsabilidad política lleva a que el funcionario que facilita, propicia o participa del negociado, exhibe el más alto grado de cinismo, se proclama digno de santidad, merecedor de la Cruz de Boyacá y que se le premie con el objetivo de continuar con su modo «probo» de contratar.

Este episodio de la «abudinización» de la política llama la atención sobre la absoluta descomposición de la clase política colombiana, históricamente corrompida, pero cada día en mayor grado, que hoy ejerce el poder en Colombia. Si se lo permitimos, son capaces de robarse hasta el último centavo y reclamar trato de «gente decente».

Inicialmente, en el Ministerio obligaron a renunciar a tres funcionarios de rango menor; pretendían mostrar chivos expiatorios sin exigir cuentas a quienes tienen las mayores responsabilidades en el asunto: la ministra, los grupos políticos y económicos que la llevaron al Ministerio y se benefician de su gestión, y el presidente que la nombró como ministra, bueno, que se la nombraron. Finalmente, la ministra renunció, al parecer sus socios políticos le abudinearon el cargo.