Columnista:

Germán Ayala Osorio

Las consignas y promesas de campaña operan bajo la misma lógica de la publicidad: vender un producto. Al final, lo prometido en campaña puede terminar acercándose a lo que se conoce como publicidad política engañosa. Y hay que decirlo sin ambages: la política deviene falaz porque detrás de ella están seres humanos que a toda costa buscan satisfacer su hambre de poder y alimentar sus egos.

El Pacto Histórico alcanzó la victoria electoral y política gracias a la desastrosa administración de Iván Duque Márquez, al agotamiento que millones de colombianos sentían frente al llamado uribismo y, en particular, a la raída imagen de su líder, el expresidente e imputado por graves delitos, Álvaro Uribe Vélez. Pero igualmente hay que decir que ese triunfo se dio en virtud también a lo que se prometió en campaña: el cambio y la paz total.

Ambas consignas tienen el grave problema de que son totalizantes, lo que deja sin margen de error a quienes asumirán la responsabilidad, desde el nuevo Gobierno, de alcanzar la paz total y el cambio. Por lo visto hasta el momento, en las maneras como se entregan presidencias en las comisiones al interior del legislativo, el cambio quedará aplazado, ya no cuatro años más, sino por la eternidad. O por lo menos, hasta que se dé un verdadero cambio cultural en la sociedad.

El aplazamiento del cambio en las maneras de hacer política y establecer las reglas de juego dentro del Congreso, se explica por el comportamiento egocéntrico de varios miembros de la mega coalición llamada Pacto Histórico, convertidos hoy en un par de nuevos “Manguitos”, en alusión clara al excongresista Jonatan Tamayo Pérez, conocido bajo el apelativo de 'Manguito'. Aunque también, para ser justos, podríamos hablar de las nuevas y los nuevos “Anatolios”. La reproducción negativa de la imagen de alias “Manguito”, dentro del Pacto Histórico, por supuesto que desdibuja el proyecto de cambio y aporta al lento proceso de desencanto social frente al “renovado” Congreso, que bien puede extenderse al Gobierno, cuando las reformas prometidas naufraguen en el legislativo, justamente, por las componendas y los intereses particulares de esos nuevos y nuevas “Manguitos” y “Anatolios”.  

Cambiar las maneras de hacer política no es fácil cuando quienes, hoy convergen en la amplia coalición, arrastran incontrastables egos y afanes de enriquecerse o de figurar.

Pensar que es posible un cambio cuando existen personajes con esas características es, a lo sumo, una ingenuidad. Esos “Manguitos” y “Anatolios” son fruto de una sociedad que de muchas maneras legitima la mediocridad, los acuerdos bajo la mesa, la búsqueda del esguince a las leyes y las componendas.

Entonces, lo que hoy registran los medios afectos al régimen uribista y comentan con especial sorna sus periodistas y estafetas, si bien puede ser el preludio del fracaso de quienes vendieron la idea maximalista del cambio, también es la expresión cultural de una sociedad que validó el ethos mafioso.

En torno a la idea, también maximalista de la paz, hay que decir que puede resultar engañosa, por la complejidad de los problemas que agobian al país y por el histórico desinterés de un sector de la élite política y económica, de superarlos, justamente porque de aquellos logran los mayores beneficios y dividendos y derivan su poder mafioso y criminal. Doy dos ejemplos: el narcotráfico y el tráfico de armas.

El primero cuenta con un carácter geopolítico que tiene en las relaciones Norte-Sur a un impenetrable marco inmoral, desde el que actúan banqueros, empresas relacionadas con la producción y venta de los precursores químicos para la producción de la base de coca y otras que ayudan con el lavado de dinero, hasta llegar a los que dan vida a la práctica del “pitufeo”.

Del segundo pueden participar los mismos actores que hacen imposible, por ahora, acabar con el negocio de las drogas. La diferencia estaría en que del tráfico de armas participan muy seguramente agentes estatales que conocen muy bien no solo del negocio, sino de la mercancía, en términos técnicos y están comprometidos en el uso ilegal de las mismas.

Hay que decir también que en esos magníficos negocios hay una cadena de poder que viene de tiempo atrás conectada con el establecimiento colombiano. Justamente, ello impide que las propuestas de sometimiento del nuevo Gobierno no prosperen porque los dos negocios y, sus agentes, trabajan de la mano y porque tienen el respaldo político de poderosos actores económicos, sociales y políticos, que saben moverse entre lo legal y lo ilegal.

En cuanto a darle continuidad a las conversaciones con el ELN y, quizás iniciar unas con las “disidencias de las Farc”, es claro que se depende no solo de la madurez política de los jefes del Comando Central (COCE) y de la lectura que hagan del momento histórico por el que atraviesa el país desde que se logró poner fin al conflicto armado con las entonces Farc-Ep.

Dudo mucho de que la dirigencia del ELN esté en la capacidad de asumir el compromiso de negociar la agenda ya establecida. Sus mesiánicas convicciones impidieron en el pasado acordar ceses al fuego y, por supuesto, negociar para lograr la reincorporación de los guerrilleros a la vida social, económica y política del país. Se suma a lo anterior, que la dirigencia del ELN parece tener una idea maximalista de los cambios que se deben dar para lograr su desmovilización y desarme, sin contar las que tienen alrededor del Estado, la sociedad y el mercado.

Así las cosas, lo mejor es que como ciudadanos le bajemos a las expectativas en torno al cambio y la paz total, pues las buenas intenciones del nuevo presidente chocarán, inexorablemente, con el ethos mafioso que colectivamente hemos validado.