Paro armado y el fracaso parcial e interesado del Estado

El silencio y la inacción de las fuerzas militares y de policía hacen pensar en que estamos ante la claudicación de la autoridad estatal, o simplemente, en el traslado del «uso legítimo de las armas» a las estructuras del temido Clan del Golfo.

Paro armado y el fracaso parcial e interesado del Estado

Columnista:

Germán Ayala Osorio

 

La histórica  y naturalizada debilidad del Estado, representada esta en la incapacidad de copar el territorio, consolidar el orden, guiar a la sociedad hacia estadios civilizatorios que minimicen los riesgos naturales de vivir juntos y garantizar la operación de un verdadero sistema capitalista, ha impedido, por largo tiempo, pensar que esa circunstancia operativa y de legitimidad política y social, obedece más bien a los intereses y a la acción premeditada de las élites que hacen parte de lo que se conoce como el Establecimiento colombiano.

El reciente Paro Armado decretado por el Clan del Golfo es el mejor ejemplo del fracaso parcial del Estado, en particular en los territorios en los que opera dicha estructura narco-paramilitar. El silencio y la inacción de las fuerzas militares y de policía hacen pensar en que estamos ante la claudicación de la autoridad estatal, o simplemente, en el traslado del «uso legítimo de las armas» a las estructuras del temido Clan del Golfo. La furiosa reacción de los matones paramilitares que hacen parte de ese grupo armado ilegal en contra de los civiles hace pensar en que están disciplinando a la población y desafiando a las fuerzas militares y al Gobierno de Duque, por la extradición de alias Otoniel. Sin duda, subsiste al interior del Clan del Golfo una molestia por el envío a los Estados Unidos de su líder máximo, en virtud de las finas relaciones que Dairo Antonio Úsuga tejió de tiempo atrás con miembros del Ejército, la clase política bogotana y la de esas regiones en las que hoy se decretó el Paro Armado.

El fracaso parcial del Estado obedece a los intereses de ganaderos, latifundistas y muy seguramente, de filiales locales de multinacionales interesadas en las tierras y en el subsuelo de esos territorios que soportan el desafío militar, político y social que representa un Paro Armado Paramilitar. Lograr que la gente huya de sus tierras, aburrirlas y obligarlas a vender barato, hace parte de los objetivos de estas acciones que cuentan con la anuencia de militares y policías; los miembros de la fuerza pública son vistos hoy por esas comunidades y por los colombianos que viven en ciudades que les aseguran cierta tranquilidad porque cuentan con institucionalidad suficiente, como cobardes; en dónde quedan la fiereza y el arrojo con las que persiguen a guerrilleros y la frialdad con la que bombardean campamentos en los que hay «máquinas» de guerra, se preguntan hoy millones de colombianos que, atónitos, observan cómo el Estado fracasa en varios departamentos como el orden establecido. No se escucha el enérgico ¡Ajúa! del general Zapateiro. Será porque los paramilitares no los asume como un enemigo. Es posible pensar que es así, porque al alto oficial le dolió más la partida, por muerte natural, del asesino serial, alias Popeye, que el sufrimiento generalizado de los civiles que hoy y en varias ocasiones, han padecido los rigores de los paros armados.

Este Paro Armado Paramilitar también pone en evidencia la estrategia electoral del gobierno de Iván Duque: dejar que los hechos de violencia ocurran, para volver a la narrativa de la seguridad que exhibe su candidato presidencial, Federico Gutiérrez. Al final, lo que se busca es «regalar miedo, para vender seguridad».

Insisto entonces en que el discurso de la debilidad o fragilidad natural del Estado hay que confrontarlo, señalando que, efectivamente, hay quienes desde el establecimiento se benefician de dicha circunstancia. Hacer fracasar parcialmente al Estado, para que en varias regiones reine un orden criminal paralelo, ha sido el objetivo de una clase política regional sintonizada con los gobiernos uribistas de los últimos años. Entre menos institucionalidad exista, mejor para poder imponer, por ejemplo, el modelo de la gran plantación, para sembrar cañar de azúcar y palma africana y la ganadería extensiva de bajísima productividad. Insistir en ese modelo insostenible es la apuesta del más grande enemigo de la biodiversidad y de los proyectos comunitarios: Álvaro Uribe Vélez, alias el 1087985, 'Matarife', o el Señor de las Sombras. 

 

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