Columnista:

Germán Ayala Osorio

En medio de un caldeado ambiente electoral, renunció a su condición de comisionado de la Comisión de la Verdad, Carlos Ospina, el exmilitar que representaba de alguna manera la perspectiva castrense en esa difícil tarea de construir una verdad histórica alrededor del devenir del conflicto armado, sus víctimas y victimarios.

Esta columna gira, en un primer momento, en torno a las razones que llevaron a Ospina a abandonar su cargo, a pocos días de la entrega del informe final del trabajo realizado por varios años por él y sus compañeros comisionados, en el que se expondrá la narrativa oficial sobre el conflicto armado, las víctimas y los victimarios. En un segundo momento, presentaré algunas ideas alrededor del sentido que podría tener ese relato que a manera de verdad histórica entregará el padre De Roux al país, y contribuir así a la construcción de la memoria.

Su dimisión pasó casi que desapercibida para la opinión pública, a pesar del registro noticioso del hecho, en medios afectos al régimen. En uno de estos, el ahora excomisionado señaló que su renuncia obedeció a discrepancias de fondo, alrededor de que su perspectiva como militar retirado no sería tenida en cuenta. Además, agregó que la Comisión de la Verdad tendría intereses políticos. La reacción oficial no se hizo esperar y así se le contestó al recién renunciado comisionado: «la Comisión aclara, enfáticamente, que siempre le brindó a Carlos Guillermo Ospina, las garantías necesarias en términos del reglamento y funcionamiento internos, procedimientos y recursos de todo tipo para el desarrollo de las funciones que le fueron asignadas como comisionado».

Para descalificar a una institución o un discurso, ha hecho carrera señalar que se trata de una decisión política, o que hay intereses políticos, o en el peor de los casos, se pide el favor de no «politizar» el asunto que está en discusión. Pues bien, Carlos Ospina incurre en un error al tratar deslegitimar a la Comisión de la Verdad, señalando que hay intereses políticos. Y no lo puede hacer porque la entidad de la que hizo parte durante varios años tiene una naturaleza política que no se puede desconocer o usar maliciosamente, para invalidar el informe que pronto entregará al país.

El trabajo que viene haciendo dicha entidad estatal es de carácter político, por cuanto dentro de su misión está el de comprender actuaciones, acciones y decisiones directamente conectadas con la política o con políticas, como la política de paz con legalidad del actual gobierno, o como aquellas que orientaron la operación del aparato militar del Estado, para enfrentar los retos político-militares de las guerrillas. La narrativa con la que los comisionados darán cuenta de sus interpretaciones, con alcances de universalidad, es la expresión discursiva de la política. Y esta última, cuando se invoca, da cuenta de las formas regladas, las normas y las acciones humanas que, soportadas en relaciones de poder o de dominación, aluden de manera directa a las maneras como dentro de la sociedad se vienen tramitando las diferencias, los conflictos y las formas de vida colectiva e individual.

Así, tanto Ospina, como los periodistas que hicieron eco de sus señalamientos, insisten en el generalizado error de usar la palabra política para descalificar instituciones y discursos que de manera natural devienen cargados o anclados a la Política, como concepto y acción humana. Ahora sí, cambiemos de tercio.

El 28 de junio de 2022 el país conocerá el informe final que los comisionados hoy están escribiendo, para cumplir con uno de los mandatos del Acuerdo Final de La Habana. Sobre el tono, la perspectiva analítica y crítica del documento e incluso, sobre sus alcances no se puede advertir aún nada, pero si podemos imaginar algo de su contenido y pretensiones.

Después de un trabajo arduo y agotador de escuchar a las víctimas y a los victimarios y de leer documentos oficiales, textos académicos y hacer los cruces y las interpretaciones, la Comisión de la Verdad muy seguramente le entregará al país un relato que bien puede servir para validar lecturas académicas ya conocidas de los  orígenes del conflicto armado o, en su defecto, para ampliarlas o matizarlas, teniendo en cuenta las perspectivas que victimarios y víctimas hayan logrado construir alrededor de dicho escenario. Creo que el texto tendrá un tono moralizante con el que se llamará la atención sobre la dignidad humana, a pesar de la condición aviesa y el comportamiento criminal y deshumanizante de los victimarios, legales o ilegales.

En el comunicado de prensa con el que le respondieron a Ospina, se lee lo siguiente: «cabe recordar que la Comisión de la Verdad, como institución de Estado y como parte de su mandato, ha realizado un amplio proceso de escucha no solo a víctimas, sino a todos los actores y sectores que, de manera voluntaria y en todas las regiones del país, han querido ofrecer su testimonio y relato sobre hechos relacionados con el conflicto armado».

Escuchar a todos los actores que han participado y sufrido los horrores de un conflicto armado que se degradó en grado máximo, debe llevar a los comisionados a construir un discurso reivindicativo de quienes sufrieron los vejámenes de sus victimarios, fuesen estos legales o ilegales. Y por supuesto, se espera un reproche a eso que llamamos el Estado y que para el caso colombiano deviene privatizado, ilegítimo y criminal. Y también, una fuerte reconvención a la sociedad en general y a específicos actores de la sociedad civil que fueron cómplices o partícipes de las dinámicas del conflicto armado interno. Más de cincuenta años de horrores, frente al silencio de millones de colombianos, amerita que los comisionados confronten a esos millones de ciudadanos que, juntos a los victimarios, subvaloraron las vidas de indígenas, afros, campesinos, mujeres, niños y niñas desplazadas, asesinadas, estigmatizadas y violadas.

En un reciente foro organizado por la Comisión de la Verdad, con periodistas de varios medios de comunicación, se plantearon interrogantes alrededor del tono y del contenido que tendrá el informe. Creo que en la misma respuesta a Carlos Ospina se advierte la respuesta: «Reiteramos ante las víctimas, ante Colombia y ante la comunidad internacional nuestra decisión indeclinable de brindarles un relato amplio y explicativo que nos permita entender el por qué el conflicto llegó a estos niveles de degradación y un conjunto de recomendaciones para contribuir a que no siga persistiendo. La búsqueda de la verdad en Colombia y la construcción de la paz deben, en lugar de acrecentar odios, ayudar a comprender y superar la tragedia en la que se sumergió Colombia».

El 28 de junio el país recibirá el informe final. Ojalá su circulación sea amplia en colegios, universidades y cárceles; igualmente, se espera que los medios cumplan con la tarea de explicar la importancia de ese relato oficial. Ojalá la academia aporte consecutivos debates sobre el contenido del documento y se logre una masiva lectura de este. Mientras llega ese momento, es preciso que medios, funcionarios y periodistas, entre otros, abandonen la idea de querer invalidar entidades o acciones, señalando que están politizadas o que hay intereses políticos de por medio, cuando están íntimamente atravesadas o ancladas a la Política.

Al informe que entregará la Comisión de la Verdad se le debe exigir rigurosidad. Se le puede criticar el enfoque, la metodología, o las categorías usadas para hacer o validar las interpretaciones, pero no le podemos pedir que abandone o que se le quite su carácter político, porque eso es un imposible. Incluso, la propia renuncia de Ospina constituye un acto político. ¿Le habrá ofrecido algo el Gobierno de Iván Duque?

Adenda: ¿será que Darío Acevedo estará preparando un contrarelato, con fines de invalidar o confrontar al que entregará la Comisión de la Verdad? La pregunta es pertinente porque fue puesto por el Gobierno de Duque como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, porque defiende la tesis negacionista del conflicto armado que Uribe Vélez impuso a través de su política de seguridad democrática.