Autor:

Daniel García Riaño

El 24 de noviembre de 2016 el presidente de Colombia, para ese entonces Juan Manuel Santos, y el exlíder máximo de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', firmaron uno de los documentos más significativos para la historia política del país: el acuerdo de paz; documento con el cual se pretendía ponerle fin a un conflicto armado que desangró por más de 50 años al campo colombiano. 5 años después en compañía de la cerveza «La Roja» no podía ser de otra forma ni con otro tipo de bebida –la cual es un proyecto de excombatientes de las FARC que se reincorporaron en el 2016–, los dos principales actores, de las conversaciones que se llevaron a cabo en La Habana, brindaron por el primer lustro del acuerdo.

Se vio mucha pola, cámaras y palabras de afecto en el encuentro entre Santos y Rodrigo Londoño. Ahora, la realidad actual de la paz dista mucho de la armonía que se vio entre ellos, puesto que según el Décimo informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), se revelaron datos preocupantes en relación con la ejecución de la financiación de los acuerdos de paz.

En el documento se afirma que los recursos apropiados entre el periodo 2017 y 2020 son por $22,4 billones; cifra que equivale al 15 % del total del costo previsto para su ejecución ($146,7 billones); asimismo, se estableció que los $22,4 billones anteriormente mencionados, para la ejecución entre el periodo 2017 y 2020, representan el 65 % del total que se debía llevar a cabo en ese periodo, es decir, que en ninguno de estos años se han asignado los recursos establecidos.

En consecuencia, aseguran en el informe que la implementación de los acuerdos, siguiendo este ritmo, tomaría un total de 26 años, es decir, 11 años más de lo previsto. Si bien es cierto que, en promedio, anualmente, hay un crecimiento del 5 % para la designación de los recursos, estos son insuficientes para cumplir dentro del tiempo pactado. Ahora bien, con respecto al 2021, se apropiaron $5,7 billones aproximadamente y, para el 2022, se tendrían destinados $11 billones para su implementación (siendo el más alto y el que más se acerca a lo propuesto).

Sin embargo, a pesar del incremento, no todo es tan bueno como lo pintan, puesto que el documento menciona que la senadora Juanita Goebertus ha alertado sobre la reducción de los recursos a entidades que son de vital trascendencia para la implementación: Agencia de Desarrollo Rural (-7,8 %), Agencia Nacional de Tierras(-1,4 %), Ministerio de Agricultura (-71,7 %), Fiscalía General de la Nación (-51 %), Unidad Nacional de Protección (-89 %), Ministerio de justicia (-60,5 %), Agencia Nacional de Minería (-92,1 %), Ministerio del Interior (- 36,4 %), Ministerio del Trabajo (-60 %), Agencia de Renovación del Territorio (-7,3 %), Ministerio de Hacienda (-57 %).

De igual modo, frente a la violencia en la ruralidad, esta corporación afirmó que el 2020 fue el año con el registro más alto de masacres desde el 2014 (76 casos confirmados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos). Adicionalmente, estableció que, según la Defensoría del Pueblo, durante el primer semestre de este año la cifra de desplazamiento masivo incrementó en un 100 % (102 eventos y 44 290 personas afectadas). Adicionalmente, estableció que desde la firma del acuerdo se han asesinado 289 excombatientes y 1239 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

A un lustro de la firma del documento las cifras son un poco desalentadoras. Colombia es un país que se resigna a vivir en una eterna utopía (ojalá no sea así); la paz, por momentos, parece un soplo que se asomó entre las cordilleras para recordarnos que la vida en este país es una constante zozobra. El camino aún está lleno de obstáculos y el panorama es incierto. El acuerdo de paz ha tenido avances, no obstante, estos han sido demasiado lentos. El conflicto armado en la ruralidad se incrementa con más fuerza. Si bien es cierto que las disidencias, el narcotráfico, el paramilitarismo y muchos otros actores han hecho de la paz un proceso difícil, también es importante enfatizar en que su implementación ha sido selectiva y que los recursos que deberían asignarse no se han cumplido; lo cual genera desconfianza por parte de las principales víctimas del conflicto y acentúa el incremento de la violencia en los territorios. Si no se acelera su implementación es posible que estemos, en un futuro, hablando de un proceso fallido para continuar con el reciclaje de viejas violencias.

La tarea va mucho más allá de beber una cerveza. De cara a las elecciones se debe pensar muy bien por quién votar. La implementación de los acuerdos es una labor compleja, sin embargo, ojalá se replanteen algunas decisiones para impedir que siga incrementándose el miedo y la incertidumbre en la ruralidad. Solo espero, aún con algo de esperanza, que en unos años todos celebremos y le demostremos a las cifras y a los partidos políticos, que tanto han luchado por estigmatizar y destruir la paz, que es mucho mejor vivir en un país en donde los fusiles y los uniformes sean reemplazados por una cerveza rubia o negra.