Columnista:

Álex Garci

Cada periodo de nuestra historia ha tenido que hacer frente a una cantidad de adversidades y situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad de lucha, desde antaño son bien conocidas las disputas por derechos y libertades que han terminado en conquistas que hoy garantizan que cada vez más personas nazcan en un mundo con un poco más de privilegios, alejados de imposiciones anacrónicas; claramente, esto no quiere decir que en todas partes esto suceda, pero en cierto grado estas conquistas sirven de insumo para que otras comunidades o sociedades puedan irse abriendo paso.

Pese a todo esto, históricamente hemos fallado en algo: hemos descuidado como sociedad aquello que fundamenta nuestra existencia y la vida en general, hemos relegado a un segundo, un tercer, un último plano a la naturaleza misma, la hemos despojado de esencia y convertido en un mero lastre, material de consumo base de nuestra economía; esto, evidentemente, ha traído consecuencias como el calentamiento global, principal causa del cambio climático. Este hecho está provocando una gran cantidad de amenazas, que interconectadas conmina la existencia de todos los que habitamos este mundo con desastres económicos, naturales, políticos y sociales en general como crisis de agua, guerras, hambrunas, inflación, migraciones, protestas, etc. En síntesis, todo esto está interconectado y encuentra su causa en el cómo cuidamos, legislamos y producimos. Lo anterior no es solo algo exclusivo de alguna región particular del mundo, sucede en todo el globo y el contexto colombiano no es ajeno a esta problemática.

Mientras el cambio climático hace su avance, gran parte de nuestra sociedad, indiferente, centra su atención a un montón de trivialidades, quizás por desinterés, falta de formación o por manipulación. Pero… frente a estos hechos, qué ha hecho el gobierno colombiano. Prácticamente nada, veamos...

En Colombia, en los últimos tres años, hemos sido pioneros en fallos históricos donde el río Atrato, la Amazonía, el río Cauca, el páramo de Pisba y el río Magdalena han sido declarados sujetos de derechos. Esto implica básicamente que el Gobierno nacional, articulado con las administraciones locales, debe desarrollar mecanismos de protección ambiental para la conservación de estos ecosistemas. Sin embargo, ya han sido cuatro años de lo que la Corte Constitucional declaró al río Atrato sujeto de derechos, por ejemplo, hasta ahora el avance en su protección ha sido lento o al menos así lo expresó Liliana Estupiñán, directora del Grupo de Estudios Constitucionales y de Paz de la Universidad Libre, en una entrevista en El Nuevo Siglo.

Con respecto a la Amazonía, la implementación de mecanismos para su protección ha quedado reducida a discusiones referentes a la porción de responsabilidad que tienen las administraciones locales, al menos así lo demostraron las audiencias llevadas a cabo el año pasado en las que gran parte de la administración no se presentó, anteponiendo justificaciones paupérrimas; no obstante, con las elecciones regionales, las posesiones de los cargos y la llegada del COVID-19 los avances en materia de protección ambiental se han hecho menos evidentes. Al contrario, lo que ha ido en aumento es la deforestación, coincidentemente después de la firma de los acuerdos de paz y, tiene sentido, pues muchas de estas zonas fueron ocupadas por las FARC, por lo que no es descabellado pensar que el vacío de poder en la zona la ha dejado a merced de ganaderos, madereros, mineras, narcos y demás.

Con relación a los demás ecosistemas, al ser más recientes que los anteriores, ha de preverse un resultado desfavorable al corto plazo, esto no solo para los propios ecosistemas, sino para el mundo en general, ya que esto implica una mayor contaminación, lo que implica aumentos de temperatura y a su vez, lleva al cambio climático que, al mismo tiempo, produce muchas de las catástrofes como las que se mencionaron al inicio de este artículo.

Por otro lado, parece curioso que en Colombia sean los jueces quienes terminan por hacer la tarea, por vía jurisprudencial, que se supone deben hacer los legisladores y el Gobierno quienes siguen aprobando y discutiendo proyectos de ley absurdos como convertir el carriel antioqueño en patrimonio nacional, o promueven discusiones triviales sin impacto, auspiciadas por los medios, que estimulan el show mediático (uribista) distractor de los verdaderos problemas de la nación y más, en un momento donde se criminalizan a los jueces por fallar en derecho y no políticamente como quieren unos pocos en este país.

En síntesis, los mecanismos de protección ambiental en Colombia han sido inexistentes, por no decir nulos, solo hospedados en las parafernalias del Gobierno y en sus múltiples declaraciones que tienen más de show mediático para quedar bien ante la opinión pública que de eficacia.