Columnista:

Juan Macías Pabón

Un grupo de diputados del departamento del Magdalena, llamados «independientes», están mandando al precipicio las posibilidades de desarrollo del pueblo magdalenense, tan solo para no permitir que la nueva fuerza política y alternativa liderada por Carlos Eduardo Caicedo Omar, ejecute los programas sociales, y las inversiones en salud y educación que los clanes tradicionales nunca ejecutaron para el departamento, cuando solo pensaban en llenarse los bolsillos a costillas de los recursos del Magdalena; sin pensar que la tetita se la iban a quitar. Pero, el pueblo dijo “basta” y le dio paso a una idea que piensa en las mayorías.

Caicedo Omar, tiene la difícil tarea de lidiar – como ya lo hizo en su época siendo alcalde de Santa Marta con una bancada de mayoría opositora – y un grupo de diputados que, aunque se hacen llamar “independientes”, están en la Duma Departamental defendiendo los intereses de los clanes políticos que siempre han desangrado los recursos del Magdalena.

Este grupo, conformado por cuatro representantes del partido Cambio Radical; dos representantes del partido Centro Democrático; una representante del partido de la U y un restante del partido Alianza Verde, han dedicado su esfuerzo y tiempo en negar una, dos y tres veces los proyectos presentados por la Gobernación del Magdalena. Proyectos como la aprobación de un superávit por valor de ciento setenta y tres mil millones de pesos que permitiría atender las necesidades básicas del pueblo magdalenense en materia de alimento, salud y educación en esta época de pandemia. La no aprobación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los niños del departamento, o la creación del “Fondo para la Gratuidad de la Educación Superior Pública en el Departamento del Magdalena”, que permitiría, a los estudiantes magdalenenses, pertenecientes a cualquier entidad de educación superior, tener acceso a la gratuidad educativa.

En el caso del fondo para la educación superior, la Asamblea Departamental tumbó el proyecto aduciendo que «La Universidad del Magdalena ya cuenta con un fondo para la gratuidad»; como si fueran los estudiantes de esta universidad los únicos que se verían beneficiados con la creación del fondo. Es tanta la intención de truncar los proyectos presentados por el gobierno de turno, que incluso antes de la presentación del proyecto, la diputada Claudia Patricia Aarón, perteneciente al partido Cambio Radical, dijo que votaría negativo, sin siquiera conocer de qué trataba la creación del fondo.

El poco interés de este grupo de asambleístas por el devenir y bienestar del Magdalena es bastante notorio, y lo evidencian con cada proyecto presentado por la gobernación, donde más que un control político, lo que tienen es una iniciativa radical de atarle las manos al gobernador e impedir que pueda ejecutar un programa de gobierno que aporte al Magdalena las oportunidades que anteriores gobiernos clientelistas, dominados por los intereses particulares le negaron.

Este grupo de honorables asambleístas, que no miran más allá del interés particular de los «caciques» a quienes sirven, y que se dan golpes de pecho por la defensa de los intereses del departamento, no son más que fichas políticas de los clanes, familias tradicionales del Magdalena y partidos como Cambio Radical y Centro Democrático, que pretenden truncar cualquier ideología política alternativa en el intento de gobernar en el departamento del Magdalena o la Región Caribe colombiana.

Muestra de lo anterior, se evidencia en las relaciones y vínculos políticos que hablan por sí solos sobre los intereses de cada uno de ellos. Casos como el de la diputada, Elizabeth Molina, quien representa al Partido de la U y resultó electa en la Asamblea Departamental, fue presuntamente impulsada hacia ese cargo por su amigo, — como él mismo lo dice (Párr. 6) – Edgardo Pulgar; cuestionado recientemente por las grabaciones en las que intenta sobornar a un abogado en búsqueda de beneficios para favorecer a terceros.

Otro de los casos particulares es el del hoy presidente de la Duma Departamental, Julio David Alzamora, del partido Cambio Radical. Alzamora, fue electo diputado y luego presidente de la Asamblea Departamental, a pesar de tener en su contra una denuncia por acceso carnal violento agravado, cuando fungía como secretario de Gobierno en el municipio de Ciénaga, en el año 2017. Denuncia interpuesta por lideresas del departamento del Magdalena ante Cambio Radical, en cabeza de Germán Vargas Lleras, para que este (Julio Davida Alzamora) fuese suspendido mientras se resolvía su situación. Acusación que no importó ni al partido en mención ni a los diputados, que a fin de cuentas lo eligieron presidente de la Asamblea Departamental.

Párrafo aparte, merece la diputada Claudia Patricia Aarón, quizá la cabeza visible de este grupo de diputados y quien acompañara a lo largo de ocho años los mandatos en la gobernación tanto de Luis Miguel Cotes, como de su tía, Rosa Cotes. Causa un particular asombro verla tan interesada en el departamento del Magdalena cuando en los ocho años anteriores donde también fue diputada, no se le vio generar debates de control político hacia unos gobiernos cargados de irregularidades en materias de salud, visibilizados en la precaria situación del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche – actualmente intervenido por la Supersalud – y cada uno de los centros de salud de los municipios del departamento; ejecución de presupuestos; elefantes blancos como la “Vía de la Prosperidad” que comunicaría al Magdalena, desde Sitionuevo hasta Salamina, pero terminó siendo un viaje a ninguna parte entre sobrecosto y sobrecosto.

Así también, la implementación de un Plan de Alimentación Escolar (PAE) que entregaba migajas de alimento a los niños del departamento, en comparación con la gran suma de miles de millones que se destinaba en la ejecución del mismo; solo en este último se le vio el interés respecto al poco músculo financiero que tenía el contratista para ejecutar el proyecto.

Me pregunto, ¿existía algún interés particular, – puesto que es conocida su amistad y afinidad con el clan Cotes – en aquel entonces por parte de la diputada, que la invitaba a darle aprobación a cada uno de los proyectos, a sabiendas de las irregularidades que estos presentaban? ¿Por qué actualmente, sin por lo menos  conocer de qué tratan los proyectos, de manera altiva y prepotente dice a boca llena que los va a votar negativo?

Actitudes como las descritas, invitan a pensar que más que en beneficio del pueblo magdalenense, lo que pretende la diputada es buscar la consumación de un beneficio particular, que el día de mañana traiga de vuelta a las mismas personas para hacer del departamento del Magdalena una tierra de desesperanza, rezagada y limitada en oportunidades a fin de beneficiar a su población.

El resto de diputados del grupo independiente, está compuesto por Jair Mejía, un “buen muchacho” reconocido dentro del Centro Democrático y que desde sus inicios ha hecho política a favor del actual Senador Álvaro Uribe, en el cual ve un modelo a seguir. Es una ficha impulsada por Honorio Henríquez y al parecer sus votos van influenciados por lo que Uribe le diga. Cesar Pacheco, también, perteneciente al Centro Democrático, es otra de las fichas de Honorio, el hombre fuerte del uribismo en el Magdalena.

Asimismo, están, William Lara y Gustavo Durán, piezas de Cambio Radical, los cuales, por ley de bancadas y órdenes estrictas de los caciques de este partido en el Magdalena (Cotes) y en la región Caribe (Char), previsiblemente deben votar siempre en oposición de los proyectos propuestos por el gobernador, Carlos Caicedo.

El último de los diputados del grupo opositor a los cambios en el departamento del Magdalena, es Carlos Julio Diazgranados, de Alianza Verde; un partido afín con las políticas del gobernador del Magdalena. Diazgranados, otro de los diputados que repite curul en la Asamblea Departamental, ha sido acusado por el senador Antonio Sanguino de ejercer doble militancia, luego de que le hiciera y acompañara la campaña de Luis Miguel Cotes a la gobernación del departamento en 2019.

Le pregunto al honorable diputado, Carlos Julio Diazgranados, ¿existe algún interés particular para defender una política como la aplicada por la familia Cotes y sus afines? Si realmente su único interés es el bienestar del pueblo cienaguero y magdalenense… ¿considera que las políticas aplicadas por los grupos que defiende realmente beneficiaron a los habitantes en general? Si su respuesta es “sí”, dígame, por favor, ¿cuáles son las obras en materia estructural, educativa, de salud y de política social existentes para argumentar dicha afirmación?

Siempre he considerado que el beneficio general, debe estar por encima del particular, más cuando se hace política y existe un interés «real» de atender y paliar las necesidades básicas de los pueblos que los eligen; y que, independiente de cualquier ideología política, se debe reconocer y apoyar los proyectos que van directo a satisfacer las carencias de aquellos que tanto las necesitan; asunto que no están haciendo la mayoría de los diputados del departamento del Magdalena.

Piensen en el pueblo antes que en ustedes, porque por ellos fueron electos y para trabajar por ellos fueron hechos.