Columnista:

Ían Schnaida

El actual proceso para designar al rector o la rectora de la Universidad de Antioquia parece más un juego de tronos universitario que una verdadera muestra de democracia. Con unas consultas que, al no ser vinculantes, no valen un peso y unos resultados que se barren bajo la alfombra, el actual rector, John Jairo Arboleda Céspedes, parece tener las cartas marcadas a su favor para quedarse en el trono, a pesar de las desastrosas cifras financieras que tiene la Institución; de las cuales, claro, él también tiene parte de responsabilidad al llevar ya 6 años en el cargo; pero, como siempre, ahora sí tiene la solución. ¡Voten, voten!  

La supuesta democracia universitaria se desvanece cuando te das cuenta de que solo unos pocos tienen el poder real de decidir quién se sienta en la silla principal. Empecemos por aclarar que en la UdeA no se hace una elección sino una designación. En este proceso, se realizan unas consultas a diferentes estamentos universitarios (profesores, estudiantes, egresados, administrativos y jubilados), que no comprometen a nadie. Pues si bien los profesores o los egresados, por ejemplo, votan por la persona que quisieran en la rectoría, su representante podría, simplemente, ignorar los resultados y votar a su antojo.

Por otro lado, hay un Consejo Superior Universitario, máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad, que parece más interesado en reuniones cortas y poco sustanciales que en realmente abordar problemas como el desfinanciamiento o la deserción estudiantil que crecen como espuma.   

De este Consejo, que es el encargado de designar la nueva cabeza de la rectoría, hacen parte: (1) el representante de los profesores, (2) el representante de la Presidencia de la República, (3) el representante del Ministerio de Educación, (4) el representante de la Gobernación de Antioquia, (5) el representante del sector productivo, (6) el representante de los exrectores, (7) el representante de las altas directivas de la Universidad (un decano) y (8) el representante de los egresados. 

Gente en su mayoría externa, que vienen de visita a la U; pero que en realidad conocen poco del funcionamiento y las verdaderas necesidades de la comunidad universitaria. De hecho, una fuente reservada sostiene que en la que sería la Junta Directiva de la Universidad de Antioquia, el tema financiero que se está devorando el Alma Máter desde dentro, como un cáncer burocrático, se aborda de manera superficial. Además, en este espacio el rector no da a conocer a los demás consejeros los temas institucionales más agudos.

¿Qué sabe el representante del sector productivo sobre las necesidades académicas de la U? ¿Qué sabe acaso el enviado especial del presidente? No nos digamos mentiras, la Universidad solo le duele a quienes habitan sus aulas, pasillos y jardineras. 

Un noveno miembro del Consejo Superior sería el representante de los estudiantes, pero tan profunda es la crisis de democracia universitaria al interior del Alma Máter, que hace años que los estudiantes decidieron no tener representación en estamentos fundamentales para la toma de decisiones que nos atraviesan a todos. Es más, son muy pocas las unidades académicas que tienen participación estudiantil en sus Consejos. Una universidad pública donde los estudiantes no participan. Grave. Muchísimo.

Para colmo, el panorama se nubla más cuando te das cuenta de que el proceso se ha convertido en un juego de políticos, donde las tendencias y corrientes parecen tener más peso que las propuestas académicas. Un Gobierno nacional de izquierda y una Gobernación de Antioquia a la derecha, con sus adeptos, generan brechas y politizan una designación vital en momentos en los que la Universidad de Antioquia necesita un timonel que la estabilice, ponga las cuentas en orden y la vuelva a posicionar como referente académico nacional e internacional. 

¿O qué importa si la Universidad está quebrada y los responsables son los mismos que ahora prometen salvarla? ¿Qué importa si la Universidad está llena de deudas, en parte por las decisiones del hoy rector/candidato Jhon Jairo Arboleda Céspedes, quien no ha revelado los estados financieros del año pasado? 

De hecho, en el primer debate de candidatos, en la Ciudadela Robledo, uno de postulados, Javier Darío Fernández Ledesma, le dijo al exvicerrector administrativo, Ramón Javier Mesa Callejas, que tenía que ser muy caradura para tener a la Universidad con un déficit de más de 345 mil millones, presentarse a la contienda —también aplica para el rector—, no hacerse responsable y ahora sí ahora prometer salvarla. Esta vez sí. Final. Final2.

¿Cómo confiar en un rector que ha sido parte del problema? ¿Cómo creer en un discurso que pretende lavar las manos de la responsabilidad sobre un déficit millonario? 

Privilegios para el rector/candidato

Lastimosamente, acá no para la cosa. Por casualidades de la vida, a los estudiantes de la UdeA en regiones les llegó un correo con un formulario pidiendo firmas para que el actual rector pudiera presentarse como candidato. Qué curioso que las bases de datos de los estudiantes de la Universidad sean usadas para beneficio del rector de la Universidad; quien, cuando se enteró que dos de sus vicerrectores también estarían en la carrera por la rectoría, les pidió la renuncia. Pero él no renunció ni pidió una licencia para ser candidato y garantizar condiciones de equidad entre quienes también aspiran a la rectoría. Claro, una cuestión ética. 

Hay otra cosa que no les va a gustar, y es que el el rector en este momento es integrante del Consejo Superior Universitario, con voz; pero sin voto. Es decir, tiene visibilidad y presencia dentro del órgano administrativo que puede o no reelegirlo. 

Paralelo a la reforma del Gobierno Petro a la Ley 30, ya vienen cursando dos proyectos que buscan modificar esta ley de 1992, y en parte, este juego antidemocrático en la designación rectoral. El primero, está relacionado con la democracia universitaria y busca que las consultas a la comunidad universitaria sean vinculantes en el proceso de elección de rectores. 

La otra reforma es a la asignación de recursos, de modo que la distribución de los recursos del Estado para la Universidad no se base en el IPC, sino en el Índice de costos de la educación superior, ICES, un indicador que calcula el DANE y que suele estar algunos puntos por encima de la inflación. Estas iniciativas fueron presentadas por Jaime Raúl Salamanca, representante a la Cámara del Partido Alianza Verde. 

En medio de todo este circo, las voces de la comunidad universitaria parecen ahogarse en un mar de intereses políticos y agendas ocultas. ¿Cómo es posible que desde antes de conocer las propuestas de las candidaturas, ya había gente repartiendo los votos según la tendencia política de su líder? ¿Quién tiene el apoyo de quién? Eso es realmente lo que importa, pues las consultas no son más que un simulacro de participación, y las verdaderas decisiones se toman entre bambalinas, lejos de los ojos de aquellos que realmente deberían tener voz y voto en el futuro de su Institución; pero unos no pueden, y a otros no les da la gana. 

Es hora de que la Universidad de Antioquia deje de ser el escenario de luchas de poder, y realmente se enfoque en encontrar soluciones a sus apremiantes problemas. Es hora de que la voz de la comunidad universitaria sea escuchada y respetada, y que la designación de rector o rectora sea un proceso transparente y basado en la verdadera meritocracia académica. Porque al final del día, lo que está en juego no es solo el futuro de una institución, sino el futuro de miles de estudiantes, de toda una comunidad académica y de los que están por venir.