Columnista:

Germán Ayala Osorio

En un sistema presidencialista como el de Colombia, el presidente de la República encarna un poder casi que absoluto, circunstancia que de acuerdo a específicas circunstancias, lo pueden llevar a liderar y consolidar un régimen totalitario o dictadura civil. Ya en el 2020, Kalmanovitz lo había advertido, cuando señaló que “agazapado en la emergencia sanitaria, el Gobierno se ha transformado en una dictadura civil. Lanza decreto tras decreto sin discutirlo con los otros poderes del Estado, en particular el Legislativo. Se aprovecha de la lentitud de la Corte Constitucional, para ejecutarlos sin discutirlos con los afectados”.

Pues bien, en el marco del Paro Nacional, convocado por diversos sectores sociales, sindicales, transportadores, estudiantes, indígenas y campesinos, entre otros, Iván Duque Márquez entró a la historia de los dictadores civiles de América Latina, montado en lo que se conoce como una “dictadura de partido” en la que el Centro Democrático (CD), una secta-partido, logró capturar, controlar y someter a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, instituciones que hoy brillan por su ausencia ante las graves violaciones de los derechos humanos que vienen cometiendo agentes de la Policía y del ESMAD en Cali y en el resto del departamento del Valle del Cauca. El proceso de conculcación de los derechos humanos se inició el mismo 28 de abril del año en curso, día en el que se inició el Paro Nacional,  y se viene consolidando y extendiendo por varias ciudades capitales.

Cali, el epicentro

Como consecuencia del carácter dictatorial asumido por Duque, aupado por Uribe y el general Zapateiro, el alcalde de la capital del Valle del Cauca abandonó el control ejecutivo de la ciudad, lo que facilitó que militares y policías tomaran el control del orden público, dejando sin funciones al mandatario local.

Y aunque ya se cuentan por más de una veintena los muertos en la ciudad de Cali, epicentro de las manifestaciones, no hay organismo oficial que informe sobre lo que está aconteciendo en varios puntos de la capital del Valle del Cauca, en donde se concentran las manifestaciones pacíficas y los bloqueos a estratégicas arterias viales, en protesta por varias iniciativas legislativas, consideradas como lesivas a los intereses de la clase media colombiana. Entre esas medidas, aparece la reforma tributaria, pero hay que decir que el Paro Nacional es la expresión genuina de un creciente malestar social por el desastroso manejo que el gobierno de Duque viene dando a los desafíos que impuso la pandemia.

El nivel de anarquía que se ve y se respira en la “Capital de la Salsa” no alcanza a ocultar que las decisiones y el mando de la ciudad están en manos del general Zapateiro, el mismo que lloró y lamentó, hace un tiempo, el fallecimiento del sicario del Cartel de Medellín, conocido bajo el alias de Popeye.

Así las cosas, en Cali dominan a sus anchas militares y policías, lo que convirtió a la ciudad e incluso al departamento del Valle del Cauca, en una zona de consolidación y rehabilitación, que nos hace recordar resoluciones y decretos impulsados por el gobierno de Uribe Vélez (2002-2010). En una de esas normas, se lee lo siguiente: “Que mediante Decreto 2002 del 9 de septiembre de 2002, por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación, se facultó al Presidente de la República para delimitar su extensión, designar sus Comandantes Militares y establecer las medidas especiales de control y protección aplicables a la población civil”.

Por esa vía argumental, se colige que el general Zapateiro funge, desde hace más de 48 horas, como el comandante del Valle del Cauca y de su capital, remplazando en sus funciones ejecutivas a la gobernadora, Clara Luz Roldán y del alcalde de la capital del departamento, Jorge Iván Ospina.

En esas complejas circunstancias, la parte civil del Estado local no está operando, lo que implica que los derechos y las libertades civiles están sometidas al rigor y al control policial y militar.

Políticamente ese escenario castrense fue posible gracias a que la llegada al poder de Roldán y Ospina se dio con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez y de lo que se conoce como el uribismo. Ello quizás explique los silencios de los remplazados mandatarios en virtud no solo del respaldo político-electoral recibido del partido-secta sobre el que se sostiene la «dictadura de partido», sino de la orden que el expresidente, ganadero y latifundista le dio a Duque, nominalmente el presidente de la República, de militarizar al departamento y a su capital.

Los disparos y desmanes de policías y militares que hoy se ven y se escuchan en toda la ciudad de Cali y en otros municipios del Valle del Cauca, se explican en buena medida porque el poder civil claudicó y hoy la vida de caleños y vallecaucanos depende de lo que decidan el recién ascendido sátrapa de Iván Duque y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en la sombra, el sub judice ciudadano, Álvaro Uribe Vélez. De esta forma, Cali dejó de ser la “Capital de la Salsa”, para convertirse en la capital de una extensa zona de rehabilitación y consolidación. ¡Ajúa!, se escucha gritar a Zapateiro.