Columnista:

Julián Escobar Ávila

Las últimas décadas de periodo neoliberal y el recrudecimiento de formas de gobierno autoritarios, patriarcales y machistas, vienen acrecentando la desigualdad y las violencias sistemáticas en contra de las mujeres en Colombia.

Gracias a los informes de la Red Feminista Antimilitarista, el observatorio de feminicidios en Colombia, y la cooperación del movimiento ciudadano y político -Vivas las Queremos-, podemos comprender la cruda realidad por la que atraviesan las mujeres de todas las edades, clases sociales o procedencias étnicas en nuestro país.

Un ejemplo del detrimento en contra del ser mujer en Colombia, se evidencia con las sorprendentes cifras de feminicidios y el aumento exponencial de denuncias por violencia sexual en todo el territorio Nacional.

Tan solo en este año, se han registrado más de 59 feminicidios en todo el país. Siendo los departamentos de Antioquia y el Valle del Cauca las zonas con más aumentos por feminicidios registrados al mes.[1] También las denuncias por acoso sexual y violencia en contra de la mujer sigue aumentando. Según datos de medicina legal, tan solo en el año pasado se registraron más de 24 mil denuncias por violencia sexual en contra de mujeres. Muchas de ellas menores edad y otras ya cabeza de familia. [2]

Y es que a pesar de que Medicina Legal junto a la Fiscalía han venido ejecutando planes contingentes como lo son las líneas de atención de violencia preventiva, las cifras de feminicidios y violencias de género no deja de incrementar.  Pero ¿por qué? ¿En dónde radica el aumento sistemático de la violencia en contra de la mujer colombiana a pesar de que las autoridades estatales poseen protocolos de atención?

En un reciente informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el diagnóstico de los derechos de la mujer latinoamericana, podemos encontrar la respuesta de la anterior pregunta[3]. Según la CIDH, en Colombia se ha descuidado integralmente el tema jurídico y social de la mujer. El incremento de feminicidios y otras formas de violación de derechos femeninos sigue en aumento porque la justicia es inoperante, obtusa y sesgada. El informe señala lo que ya sabíamos muchas personas en Colombia. Las instituciones encargadas en vigilar y garantizar la condición jurídica de la mujer en nuestro país han se ha quedado corta.

Esto lo podemos ver con el tratamiento que hace el Estado frente a los feminicidios. A pesar de que a nivel constitucional y normativo amparado bajo la ley 1761 que tipifica el feminicidio como un delito autónomo, las mujeres siguen siendo sistemáticamente eliminadas. De hecho, bajo la lógica del derecho penal tanto el Colombia como en algunos países del Mundo, el feminicidio es un crimen tipificado como una acción doméstica, la cual solo caracteriza la muerte de una mujer como una acción especifica de la violencia doméstica. Esto quiere decir que, bajo la rúbrica jurídica del país, el feminicidio es el producto de las fallas inherentes del núcleo de la familia heteronormativa, machista y patriarcal, exponiendo de esta manera el crimen contra la mujer como un asunto privado y no un asunto que debería competerle al propio aparato Estatal.

Por eso el Estado ha pasado de ser un actor garante y preventivo de estos crímenes contra la mujer a ser tan solo un espectador punitivo del fenómeno.

Por otro lado, el panorama de la política del país para la mujer es desesperanzador. Hace casi un año se presentó un proyecto de ley que buscaba consolidar la paridad en Colombia. Este proyecto buscaba que las cuotas electorales estuviesen divididas en un 50 % de hombres y un 50 % de mujeres. Promoviendo una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones que compete a la esfera publica del país.

Sin embargo, el antimoderno aparato legislativo del Senado hundió en segundo debate de la plenaria dicha propuesta[4]. A pesar de que a través de la Ley 581 del 2000 (ley de cuotas) refrenda que las mujeres tienen derecho a participar de forma paritaria en nuestro país, el Congreso negó dicha participación.

Esto implica que las mujeres cada vez pierden mayor margen de participación en la política colombiana porque para el Estado patriarcal y colonialista, no les conviene democratizar las demandas feministas sobre asuntos políticos y jurídicos del país. Solo observemos el congreso, lleno en su mayoría de hombres investidos de doble moral hablando de derechos de las mujeres. Toda una ironía.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, me gustaría traer a colación una importante reflexión que hace la pensadora Laura Rita Segato y su libro La guerra contra las mujeres. Allí, Rita Segato comienza analizando los 700 asesinatos de mujeres a través de masacres, violaciones y desapariciones forzosas en la ciudad Juárez en México.

Según Rita Segato, el hecho de que el incremento de muertes y las distintas formas de violaciones sexuales siga en aumento, es un síntoma de la exclusión de la mujer como sujeto jurídico y de derechos en cuanto a la integridad del género -genus-MUJER. Pues según Segato, hay una necesidad de inscribir el término femigenocidio en el discurso de la ley y dotarlo de esta manera de eficacia simbólica y performativa. Ya que con esto se lograría identificar la dimensión genérica y sistemática de estos crímenes en contra de las mujeres.

Para el caso colombiano, ya van más de 300 mujeres asesinadas desde los recientes reportes. ¿Será necesario vincular el termino femigenocidio en Colombia? Y si es así, ¿cómo? ¿Tendría eficacia la propuesta de Rita Segato en materia de derechos jurídicos de la mujer?

Hay que tener en cuenta que el detrimento en contra de las mujeres colombianas es un problema que se cruza con muchas aristas. Por ejemplo, solo es cuestión de mirar la tasa de desempleo, analfabetismo y desocupación en las mujeres entre otros aspectos en materia de derechos humanos.

Hasta el momento, solo hemos visto una guerra silenciosa por parte del Estado en contra de las mujeres de los territorios colombianos. Desde su aparato jurídico hasta en el escenario político, las mujeres siguen encontrando limites en su participación integral en la sociedad colombiana. Los feminicidios como el detrimento de sus derechos humanos es una muestra de ello.

Recordemos por ejemplo la vil actuación de algunos miembros del Esmad quienes ya tienen 27 denuncias por violencia sexual, 5 denuncias por acceso carnal violento y 99 denuncias por maltrato físico y psicológico en contra de mujeres jóvenes en las manifestaciones ciudadanas de este año[5]. Lo que implica que la guerra es aún más compleja porque es el Estado colombiano podrido desde su simiente patriarcal y corrupta debe ser modificado desde su estatus jurídico.

¡Necesitamos una constituyente feminista! Por eso es imperativo que las mujeres participen más en la política en Colombia y denoten su potencia en este momento histórico por el que atraviesa nuestro país.

Esta guerra apenas esta comenzando y hay que armarnos de conocimiento y praxis política para poder combatir.

Fuentes:

[1]https://observatoriofeminicidioscolombia.org/attachments/article/466/Bolet%C3%ADn%20Vivas%20nos%20queremos%20Colombia%20julio%202021.pdf

[2] https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/fiscalia-cada-dia-hay-249-denuncias-por-violencia-intrafamiliar-en-colombia-537550

[3] https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap2.htm

[4] https://www.rollingstone.com.co/actualidad/por-ahora-la-paridad-en-el-congreso-de-colombia-seguira-siendo-una-ilusion/

[5] https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf (pág-8).