Columnista 

León Fredy Muñoz Lopera

Con la Constitución de 1991 se esperaba dar paso al fortalecimiento regional a través de la descentralización. Es decir, se pretendía que municipios y departamentos tuvieran independencia y recursos suficientes para su desarrollo. Sin embargo, 30 años después, este propósito difícilmente ha podido darse, porque hasta hoy no existe una fuente de recursos propia, constante y suficiente que permita esa independencia.

En la actualidad, las fuentes principales de ingresos de alcaldías y gobernaciones son las transferencias del Gobierno central Sistema General de Participaciones (SGP) y los tributos que la Constitución establece (artículos 338, 330-4 y 313-4) y que corresponden a los generados por los entes territoriales (valorización, industria y comercio, predial, etc.).  Estos últimos, son importantes para las ciudades capitales porque representan ingresos de billones de pesos. Sin embargo, para los municipios de segunda a sexta categoría, representan máximo el 10 % o en el mejor de los casos, el 15 %.

Teniendo en cuenta que los recursos del SGP se utilizan principalmente para satisfacer necesidades básicas de la población (salud, educación, agua potable y saneamiento básico), resulta paradójico que, en ese esquema de descentralización y autonomía que promueve la Constitución, el 90 % de municipios y departamentos dependa de la financiación de la nación para subsistir.

Siendo consciente de la situación y para aumentar un poco esos recursos, el Congreso de la República aprobó los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. Entonces, se fijó un incremento: 4 % para 2008 y 3, 5 % en 2009, 3, 5 % para 2010 y 3 % entre 2011 y 2016.

Pero a partir del año 2017, comenzamos de «p'atrás como el cangrejo», pues ese porcentaje adicional desapareció alcaldías y gobernaciones, con menos recursos, porque han tenido que asumir compromisos adicionales a fin de atender víctimas, población desplazada y migrante, gestión del riesgo, cambio climático y actualmente, la atención de la emergencia sanitaria y económica producida por la pandemia.

Si nos vamos al año 2002 cuando los recursos del SGP estuvieron por encima del 40 % de los ingresos corrientes de la nación, podemos dimensionar cuántos recursos han dejado de percibir municipios y departamentos cuando hoy tienen más compromisos.

En 2017, los recursos del SGP que se distribuyeron entre 1123 municipios, 32 departamentos y 5 distritos, correspondieron al 30,6 % de los ingresos corrientes de la nación. En 2018 este porcentaje se redujo a 26,2 %; y en 2019 y 2020 fue de 27,5 %, los porcentajes más bajos de los últimos 17 años [1].

Se calcula que, para este año, el rubro que corresponde al SGP sería del 30,9 % de los ICN. Sin embargo, estos recursos son inciertos, porque se calcularon con un presupuesto demasiado optimista dada la coyuntura económica actual; situación que el mismo gerente del Banco de la República, junto con la Procuraduría y la Contraloría han evidenciado.

Tal como se ve el panorama, me temo que vendrán tiempos de vacas flacas para los municipios y departamentos por la falta de claridad en la distribución de los recursos de la nación. Parte de esto se debe a que en las dos reformas tributarias hechas por el Gobierno se generaron un montón de exenciones tributarias que hoy nos pasan factura; son recursos que se dejaron de percibir y hoy se necesitan para atender la crisis, pero la solución no es otra reforma tributaria en la que sigamos empobreciendo más a la clase media colombiana.

Fuente:

[1] Cálculos propios hechos con base en la exposición de motivos y leyes del PGN 1815 de 2016, 1873 de 2017, 1940 de 2018, y 2008 de 2019. De igual modo, se revisó la exposición de motivos del Proyecto de Acto Legislativo 052 de 2020 de autoría propia.