Columnista 

Fredy Chaverra 

Quisiera ser optimista sobre la apertura del nuevo frente de la paz total, con el cual se descongela un proceso con el Ejército Gaitanista de Colombia -también conocido como Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas-, y digo descongela no por simple retórica, sino porque el Gobierno ya había avanzado en un acercamiento con esta estructura que derivó en una nueva frustración cuando en medio del último paro minero en el Bajo Cauca el presidente suspendió el cese al fuego bilateral que fungía como medida de construcción de “confianza temprana” entre las partes.

Aunque el fracaso de ese acercamiento ya está sobrediagnosticado por los opinadores de lo trágico, voy a enunciar dos factores que considero persistentes:

Primero, la falta de claridad sobre la naturaleza incidente del proceso. Por un lado, las AGC presionaron por el establecimiento de un proceso de negociación de carácter político -haciendo acciones propagandística en sus áreas de influencia y movilizando a la que asume como su base social-; y por el otro lado, el Gobierno les ofreció un diálogo socio-jurídico para allanar un sometimiento colectivo a la justicia. Esa “cuestión existencial” nunca se resolvió en los pocos meses del primer acercamiento.

Segundo, ante el citado desencuentro existencial, no se construyó un marco normativo que orientara los incentivos jurídicos y sociales a convenir; es decir, la mesa no se constituyó como un proceso para el diseño colaborativo de un articulado que recogiera las expectativas y posibilidades para concretar el “fin del conflicto con las AGC”. El Gobierno solo se aventuró a radicar un proyecto de sujeción que naufragó en la completa orfandad en la Comisión primera del Senado; luego, le hizo ojitos a un proyecto de “Segundas oportunidades” que en la práctica solo le tuerce el pescuezo a la Ley de Justicia y Paz, pero pronto lo dejó de ver con buenos ojos y nada ha hecho para salvarlo de su inminente naufragio.

Ambos factores críticos persisten -afectando de igual forma la estabilidad de los procesos de diálogo socio jurídico de la paz urbana- y no parece que se fueran a resolver en lo inmediato. Pero no quiero fungir en esta columna como otro profeta más del pesimismo, no, quisiera ser más creativo y considerar una propuesta más “grande” para “Chiquito malo” que eventualmente le pueda dar realismo al proceso que se abre con la estructura armada más grande y poderosa del país.

Como condición sine qua non se debe precisar la naturaleza del EGC en el marco de un proceso de diálogo, ya que su autorepresentación es clave para comprender lo que busca en un hipotético escenario de “fin del conflicto”, y esto no se trata de hacer historiografía crítica sobre su supuesto gaitanismo, ni más faltaba; pasa, en primera medida, por caracterizar los grados de autoridad y articulación con su denominada base social. El proceso no solo se debe limitar a buscarle salidas jurídicas a los cabecillas y garantizar una política de reincorporación para la “tropa” -eso forma parte de la receta clásica-, sino que además, y para reducir el riesgo del eterno reciclaje de las violencias, se deben construir medidas de atención preferente en los territorios y comunidades donde esta estructura ejerce control.

Sé que este debate es harto espinoso y que se puede reducir, en la perspectiva de quienes descreen del diálogo, en un reconocimiento político de facto a una estructura criminal dedicada al narcotráfico. Personalmente, no sé qué tanto el EGC esté interesado en tener su propia sigla en un atomizado sistema de partidos, o, en repetir la fórmula de “curules gratis” utilizada en el proceso con Farc, un imposible jurídico en el actual momento histórico y siendo honestos, un asunto que tampoco ha funcionado para avanzar en una verdadera transformación territorial. Lo que se debe poner sobre la mesa, para no estancar el diálogo en la fracasología de un país de abogados, es la intervención en los territorios; el rol de los desmovilizados en la eventual oferta de transformación; las garantías de no repetición; etc.,.

Si el cuello de botella en el proceso se reduce a si “Chiquito malo” aparece o no en el tarjetón electoral, si tiene o no una curul en el Congreso, creo que a nada se llegará. Y a él le digo que el Congreso tampoco es el escenario ideal para avanzar en las grandes transformaciones -muy a regañadientes, claro está-. Y a los que insisten en lo superficial, los invito a considerar escenarios de transformación para las comunidades que han padecido todos los ciclos de violencia. Una deuda que no se ha saldado ni con la gran cantidad de grupos armados que se han convertido en movimientos políticos en los últimos 30 años.

Otro asunto clave en la propuesta “grande” para “Chiquito malo” tiene que ver con la justicia, no es un tema menor, seguro, pero también demanda creatividad.

Insistir en las fórmulas del pasado llevará al estancamiento. Que sí Justicia y paz versión 2.0; o que si una ley de sometimiento, acogimiento o sujeción -tres categorías que resultan bastante difusas-. Considero que se debe pensar en un modelo integrador de justicia restaurativa que se articule con los procesos de transformación territorial, garantizando la verdad, la reparación y la no repetición. ¿Cómo sería ese modelo?. No lo sé. Pero pensarlo en clave de posibilidad permitiría que el proceso encontrara un punto de estabilidad socio-jurídico que no se limite a estrellarse contra un marco jurídico preexistente que en ocasiones se asemeja a una camisa de fuerza.

No se debe pasar por alto que el EGC no se encuentra en un momento de agonía. Es una estructura armada que goza de salud y plena expansión, no es un “ejército” derrotado al que se le deba aplicar la justicia del vencedor, así que el trato que se le debería dar en el marco de un proceso de diálogo -en eso quiero ser muy insistente- debe empezar por cuestionar lo ya fijado en la estructura normativa para buscar alternativas consensuadas.

La justicia restaurativa es una posibilidad; eso sí, demanda verdad, reparación y garantías de no repetición. No es una excusa para hacerle el quite al resarcimiento de los derechos de las víctimas o para ocultar las verdades del conflicto. No solo demanda creatividad, sino un altísimo grado de compromiso entre todas las partes. 

Finalizo reiterando: quisiera ser optimista. La salida fácil es decir que no hay marco jurídico y que cualquier proceso con las Estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto -EGC, Pachenca; Oficina, etc.,- está condenado al fracaso. No sería necesario escribir una columna para decir eso, tan solo con una línea bastaría. Pero insisto en mi optimismo y en pensar en una propuesta “grande” para no repetir los mismos resultados, que por ser creativa, tal vez parezca temeraria, absurda o impracticable.

En mi defensa solo diré que las que ya se han empleado tampoco han resultado muy efectivas que digamos.