Columnista:

Álvarez Cristian 

Camilo Alfonso de Jesús Ospina Bernal es un abogado que se ha sabido ganar muy bien los puestos en los que ha estado. Su trayectoria incluye el paso por cargos políticos, la consolidación de empresas propias y la docencia en importantes instituciones universitarias.

Ospina, uno de los uribistas más «neutrales» y aterrizados, es abogado de la Universidad del Rosario en Bogotá, y especialista en Derecho Administrativo de la misma institución.

Durante los últimos años ha sido profesor en la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana. También, ha sido investigador y vicedecano de su alma mater, así como uno de los hombres que en algún momento sonó para convertirse en fiscal general de la nación en 2010.

Entre finales de los 90 e inicios del nuevo siglo fue asesor jurídico de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, así como secretario general del mismo ministerio. También fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Sin embargo, todo cambió con la llegada de Álvaro Uribe al poder, ya que Ospina dejó su cargo para convertirse en secretario jurídico de la Presidencia entre 2002 y 2005.

Su trabajo fue tan del agrado del «presidente eterno» que incluso —en julio de 2006— lo catapultó como representante permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.

Allí, le tocó capotear a Ospina las bravatas de Evo, Ortega, Correa y Chávez en momentos tan duros para la diplomacia colombiana como la Operación Fénix contra alias 'Raúl Reyes', el conato de guerra con Venezuela y las pretensiones de Nicaragua sobre San Andrés.

Sin embargo, su carrera política está manchada por un año en particular que cambiaron no solo la vida de Ospina, sino también la de Colombia entera.

Entre julio de 2005 y julio de 2006, Camilo Ospina, fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez. En ese lapso, Ospina fue uno de los firmantes de las dos directrices que se convirtieron en el mayor impulso de los "falsos positivos" durante la Seguridad Democrática.

El precio de la vida

El 17 de noviembre de 2005, el Ministerio de Defensa emitió un documento con carácter de secreto titulado Directiva Ministerial Permanente Nro. 29 de 2005.

Este desarrollaba los criterios para el pago de recompensas a «una persona indeterminada» por información que llevara a la captura o abatimiento de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, así como información que diera con la recuperación de material de guerra, intendencia y/o comunicaciones.

El texto también autorizaba el pago por información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico o que sirviera para labores de inteligencia y planeamiento de operaciones. En el apartado número 3 del documento se establecían los criterios de valoración a fin de pagar recompensas por cabecillas de las organizaciones armadas.

En este se establecían los montos —que iban desde 3 815 000 pesos para los combatientes rasos, hasta 5 mil millones de pesos por los altos mandos—; los cupos de las veces que se podían pedir las recompensas —desde 15 para los máximos jefes hasta «indefinido» para los guerrilleros rasos—, y nivel de los cabecillas que iba del I al V.

De este aparte resaltan los niveles III al V, ya que, como se lee en la directiva, estos eran para «Cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o rasos responsables materiales de desarrollar y/o apoyar» acciones terroristas como ataques, secuestros, extorsiones.

Bajo estos niveles es que fueron presentados la mayoría de jóvenes que fueron asesinados por el Ejército dentro de los “falsos positivos” justificándose en los informes de «las fuentes humanas» (que en realidad eran reclutadores civiles) que cobraban las recompensas que luego repartían con los militares.

El punto 5 Pago por entrega De informaciones señalaba que los ejecutores de Gastos Reservados tendrían la potestad para negociar con «la fuente humana» el costo de la información que esta suministraría teniendo como base de la «tasación» la capacidad de esta información para neutralizar las acciones delincuenciales.

Esto explica por qué muchas veces el Ejército, con base en lo que le decían los «reclutadores» exageraban en las ruedas de prensa el prontuario de los jóvenes asesinados haciéndolos pasar por temibles criminales para así poder cobrar cifras más elevadas.

Finalmente, en su última hoja, la directriz aparece firmada de forma sencilla y en solitario por Camilo Ospina Bernal, ministro de Defensa Nacional.

El decreto BOINA

Aunque la directiva 29 de 2005 es más conocida a la hora de hablar de “falsos positivos”, hay otro texto similar del que poco se ha profundizado: el Decreto 1400 de mayo de 2006.

Bajo este documento, Álvaro Uribe, como presidente de Colombia, decretó crear la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional (BOINA) para los miembros de la Fuerza Pública y del DAS que participaran en operaciones de importancia nacional.

El decreto ordenaba que esta bonificación podría ser otorgada a una misma persona «cuantas veces se haga acreedora a ella», por participación en operaciones de importancia nacional.

Para efectos del decreto, se consideraban de importancia nacional aquellas operaciones en las cuales se lograra capturar a los máximos cabecillas —de los niveles I y II— determinados en las directivas expedidas por el (ojo a esto) ministro de Defensa Nacional.

La bonificación podría otorgarse hasta por un valor equivalente a doce (12) salarios o asignaciones básicas mensuales que percibiera el miembro de la Fuerza Pública o del DAS, al que se le reconociera la misma. Y el monto de la bonificación sería determinado por el propio presidente de la República.

Siendo, así las cosas, las matemáticas no mienten y de hecho demuestran porque el exgeneral Montoya pedía litros de sangre a sus subalternos que la sacaban de jóvenes pobres.

Y pilas a este punto, ya que, según el decreto, el ministro de Defensa Nacional, o sea Ospina, sometería a consideración del presidente de la República, o sea Uribe, las operaciones realizadas para que él mismo decidiera si eran o no de importancia nacional.

En esta ocasión, junto a la firma de Uribe aparecen la del hoy ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la del director del DAS, Andrés Peñate, y la del ministro de Defensa, Camilo Ospina.

Todo estaba servido para el desastre que vendría.

La clave

Lo que pasó entre 2006 y 2008 en el país ya se ha contado, aunque no del todo.

Parte de lo que no se ha dicho lo suficientemente claro y fuerte es que gracias a la Directiva 29 de 2005 y al Decreto 1400 de 2006 muchos generales y comandantes vieron grandes beneficios en hacer pasar a un civil inocente por un cabecilla de nivel I o II.

Y así lo demostraría el incremento estadístico de “falsos positivos” al revisarse año por año.

Si bien, hay casos documentados antes del 2006, se podría señalar que, aunque ya ocurrían los “falsos positivos” no se conocía una relación causal con algún tipo de incentivo estipulado.

A los ojos de los uribistas eran unos «hechos aceptables dentro de la lucha contra el terrorismo insurgente en el país» o un simple sofisma de distracción de la guerrilla.

A partir de 2005 y 2006, cuando aparecen ambos documentos, se registra mayor número de víctimas: 265 en el 2005, 470 en el 2006 y 733 en el 2007, según datos de la Fiscalía.

¿Cuántos de esos muertos mal contados pesarán en la conciencia de Ospina?

En síntesis, muy pocas personas saben con certeza si Álvaro Uribe Vélez fue el artífice de los “falsos positivos” en Colombia o si solo es un presidente al que sus subalternos le entendieron mal lo que quiso decir y llevaron a extremos de lo indecible sus deseos de «seguridad democrática».

Y una de esas personas es Camilo Ospina Bernal.

¿Se animará a hablar en la JEP?