Columnista:

Juan David Roldán Álvarez

Mucho se ha dicho sobre los resultados de la reforma agraria en el Gobierno del presidente Petro. Sobre todo, con los últimos cambios de dirección en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad que tiene la principal responsabilidad de entregarle tierra a los campesinos/as y comunidades étnicas que no tienen tierra o que tienen de manera insuficiente y entregar los títulos de propiedad a las personas que llevan más de diez años sobre su predio, pero no tienen una escritura que les reconozca el derecho como propietarios. 

Entregar títulos equivalentes a 7 millones de hectáreas y comprar 1.5 millones de hectáreas es la meta que se ha propuesto este Gobierno. Sin embargo, la ANT era una entidad que no estaba preparada en términos organizativos, administrativos y gerenciales para esta tarea urgente. 

De tal modo, el exdirector de la ANT, Gerardo Vega, se dispuso a rediseñar y fortalecer esta entidad desde septiembre de 2022 (puedo hablar con detalle y conocimiento sobre este proceso, debido a que hice parte del equipo primario del exdirector y lo acompañé en esta brega todos los días desde que se posesionó en el cargo), todo con el objetivo de cumplir el mandato de la reforma agraria que le había encomendado el presidente, pero en especial de cumplirle a las comunidades rurales que por años han esperado la materialización de su derecho. 

El grueso de lo que ha hecho la ANT desde septiembre de 2022 a hoy mayo de 2024, es básicamente lo que dejó el exdirector Vega. Es decir, 290.000 hectáreas de tierra adquiridas para la reforma agraria, 1.700.000 hectáreas en titulación de tierras, seis Zonas de Reserva Campesina constituidas, trece predios recuperados y puestos a disposición de la comunidad raizal y palenquera en Islas del Rosario, 32 oficinas regionales; una por cada capital de departamento.

Todos estos resultados han sido reconocidos y presentados por el propio presidente Petro, en la instalación del Congreso el 20 de Julio de 2023, en la ceremonia de conmemoración de la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 2023 y en la rueda de prensa con el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2024. 

A pesar de estos resultados concretos, a Gerardo Vega se le solicitó la renuncia y dejó la ANT desde el 7 de febrero de 2024. Lo reemplazó el exalcalde de Villavicencio Juan Felipe Harman, un advenedizo con nula experiencia en el sector agricultura y que tiene a cuestas múltiples denuncias penales en la Fiscalía derivadas de su gestión en la alcaldía de la capital del departamento del Meta. De tal manera, pareciera que, con esta movida en la Agencia de Nacional de Tierras, el gobierno nacional apostó por un cambio que impulsara la reforma agraria en el país. 

Sin embargo, el impulso a la reforma agraria no se ha visto en estos ya casi cuatro meses desde la llegada del nuevo director a la máxima autoridad de tierras en el país. Lo que se conoce de su gestión, ha sido más bien una campaña mediática dedicada a desprestigiar con declaraciones y denuncias infundadas la administración del exdirector Vega. Cosa bastante extraña, pues se esperaba que la transición fuese tranquila y el director Harman llegara con un plan para ejecutar rápidamente los 1.330 millones de dólares que tiene asignados para comprar tierra y sacar adelante la reforma rural. 

Pues nada de eso se ha visto y la parálisis es total con la llegada de Harman; no se compra tierra a los ganaderos, no se contrata personal para ejecutar las obligaciones de la entidad, no se dan directrices claras sobre las metas, el 80% del equipo que llegó con el nuevo director no tiene experiencia en temas de tierras y no se ejecuta el presupuesto (al punto que el Ministerio de Hacienda ha castigado a la entidad en los últimos tres meses por no ejecutar el presupuesto asignado para la compra de tierras). 

Ejemplo de ello es la peinada que le pegaron a Harman hace unas semanas en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, en la que salió a flote que la entidad no va ni en un 2% de ejecución.

Ante el embolate de la reforma agraria, La ministra de Agricultura y el director Harman han salido desesperadamente a presentar dos acuerdos en los que aparentemente ejecutarán 900 mil millones de pesos, uno es con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por 600 mil millones y el otro es con el Fondo de La Unidad para las Víctimas por 300 mil millones. A primera vista es una gran alianza para la reforma agraria entre entidades del Estado. 

Lamentablemente lo que no se cuenta, es que tanto los predios de la SAE, como los del Fondo para las Víctimas no están disponibles de manera inmediata, ni cumplen las características necesarias para entregarlos rápidamente a los campesinos. Con el exdirector Vega ya transitamos ese camino y el diagnóstico es simple: muchos de estos predios no están saneados jurídica, ni materialmente, tienen problemas de seguridad, deben impuestos, son costosos y tienen bienes suntuosos. Pero todo mundo tiene derecho a un tiempo de aprendizaje, lo que no sabemos es cuánto le van a dar Harman ¿el mismo que le dimos al expresidente Duque?  

Así las cosas, el futuro de la reforma agraria se vislumbra incierto y a la deriva. Si el director Harman no toma decisiones gerenciales efectivas para ejecutar el presupuesto y comprar las tierras fértiles disponibles y la ministra no deja las vanidades académicas, muy probablemente uno de los programas bandera del Gobierno del Cambio fracasará. Cada día que pase sin comprar tierra y entregarla a los campesinos -como ha pasado en los últimos cuatro meses-, es fatal para la reforma rural integral en Colombia.