En un primer momento les compartí un análisis breve del panorama minero-energético del país y el extractivismo como socio de la implementación de acuerdos de La Habana, según el actual gobierno. En síntesis revoloteábamos alrededor de la famosa pregunta ¿ésta es la paz de Santos? e imagino que si nuestro presidente leyera la primera parte de este artículo, acudiría a la vieja confiable, respondiendo que esa tal sobreexplotación de los recursos atropellando a la gente no existe. Sin embargo, en este espacio quisiera presentar algunas salidas a la Paz corporativa, criticada por Miller Dussan, y motivar a los lectores a formar parte de la revolución copérnica de la paz, girando alrededor de los intereses de nuestras comunidades y no de las utilidades de los privados. Para llegar a eso primero debemos entender cómo funcionan los batallones energéticos que llegan a los territorios haciéndole ojitos a la gente y dándoselas de mesías, prometiendo la redención del “rebaño”, cuando su intención realmente es crucificar a las “ovejas”. Este primer paso es lo que Dussan denomina, “embrujo corporativo” y le sigue la ampliamente conocida incertidumbre, durante la cual las comunidades mutan de borregos a pelotas de ping pong ya que las mongonean y remiten de oficina en oficina sin atender sus peticiones o dudas dejando la población en el limbo hasta que se cansa y no se opone más al “progreso”. Claro está que en algunos casos se usan métodos más quirúrgicos, sino pregúntenles a los 500 líderes sociales que han asesinado desde 2002, (Ver video); pero no desbarremos. Después de esto sigue la tragedia del proyecto extractivista salvaje de turno y ahí, generalmente ahí, es cuando surge la resistencia pacífica, porque los colombianos dejamos todo para el final, incluso la defensa del territorio. Lo problemático al dejar llegar las cosas a estas instancias es que los conflictos con las multinacionales se arreglan en tribunales internacionales, ¿por qué? porque estas compañías no son de aquí. Algunos pensarán: “ ¡Bah! para eso están las corporaciones ambientales como Cornare o Corantioquia", pero no, ni crean, de eso tan bueno no dan tanto porque cuando la empresa multinacional compensa lo incompensable con platica, parte de esas monedas llegan a la tula de estos organismos, así que no. Nos toca amarrarnos bien los pantalones, organizarnos y defendernos. En este sentido el Profesor Dussan también nos da algunas luces. Primero se debe investigar para estar bien argumentado, ahí entrarían en escena las universidades. Luego se utilizan mecanismos jurídicos; se cuñan estas acciones con un registro por aquí una denuncia por allá, un comunicado por acullá; se remata con unas cuantas movilizaciones sociales y actividades culturales y ¡Voilá! se van alcanzando escenarios de incidencia a nivel nacional y se van abriendo caminos para la articulación internacional. Imagino que algunos pesimistas incrédulos dirán que eso no se puede lograr, que lo diga el gobierno es palabra Dios; pero hay casos que se han ganado, como el del Municipio de Pitalito en el Huila, que se blindó de proyectos extractivos apelando a la sentencia de la Corte Constitucional T-445 de 2016 en la que se les da poder a los entes locales de decidir sobre el uso del suelo. En Antioquia seguimos en esa lucha, en San Carlos se presentó un derecho de petición en el Concejo Municipal contra Porvenir II, Paluguas y cualquier otro proyecto extractivo, invocando esta misma sentencia y la T-135 de 2013, que promulga que la prevalencia del interés general no puede ser pretexto para la violación de los derechos fundamentales de las personas. Puesto que, recordemos, la población sancarlitana fue víctima de la violencia y apenas están en proceso de restitución de derechos y un proyecto de esta envergadura significaría un nuevo despojo, un segundo desplazamiento y un acto de revictimización. Eso sin comentar que en este municipio ya está la hidroeléctrica más grande del país (hasta que no entre a funcionar Hidroituango) y una cantidad de microcentrales más. [caption id="attachment_20983" align="alignright" width="300"] Imagen de: Youtube[/caption] Obviamente no es un camino sencillo y las multinacionales también darán pelea, pero se puede. Volviendo a San Carlos, Celsia (la empresa que llevaría a cabo Porvenir II) se rasgó las vestiduras profundamente indignada durante la radicación del derecho de petición contra el extractivismo porque, según ellos, no se desplaza ni se despoja; eso déjeselos a los delincuentes y los grupos ilegales, lo que hace esta firma del Grupo Argos es un proceso de restitución de condiciones de vida, pero todos sabemos que en términos prácticos es lo mismo porque “aunque la mona se vista de seda mona se queda”. Esta indignación, para mí, es un reflejo de que – y me perdonarán la expresión- ya les está temblando el culo como gelatina de pata. Esto no quiere decir que haya que estar en contra del crecimiento de las comunidades ni que pretendamos volver con palos y piedras a la época de las cavernas, pero hay casos, como el del río Samaná en el oriente antioqueño, en los que la rentabilidad de los recursos naturales para la subsistencia de la población (pesca, minería artesanal, extracción de materiales de playa y demás) no puede ser suplida con un par de millones de pesos, ni suplantada por el Estado y mucho menos por una empresa. Además en palabras de la abuela “Todo en exceso es malo”. Hay desarrollos alternativos, incluso tenemos alternativas al desarrollo como el Buen vivir, con un extractivismo indispensable o por lo menos uno más sensato como lo plantea Eduardo Gudynas, en uno de los capítulos del libro El desarrollo en cuestión: Reflexiones desde américa Latina.

Hay que apostarle a energías limpias y a la minería responsable.  Hay que luchar por lo nuestro, lo que nos pertenece y con esto no digo que luchemos por un pedazo de tierra o unos metros de río, va más allá de eso, es una lucha por el derecho a vivir y a vivir en paz.